En los últimos días se ha llevado a cabo una campaña de falsedades y mentiras contra mí, dirigida por el portavoz del PSOE en la Junta General del Principado, Fernando Lastra, sosteniendo la existencia de unas supuestas irregularidades en la percepción de los gastos de locomoción que me corresponden como diputado del Occidente, tal y como estas asignaciones han sido acordadas por la Mesa del Parlamento asturiano y que están en vigor desde el año 1999.

Todo es absolutamente falso, como ha quedado perfectamente reflejado en el informe del letrado mayor del Parlamento asturiano, que ha concluido que no existe irregularidad alguna.

Aun así, los socialistas insisten en acusarme de un supuesto fraude, recurriendo a la mentira y a la descalificación, en un ataque personal y político sin precedentes.

He reiterado hasta la saciedad que si tienen la más mínima duda sobre la legalidad de mi situación, dejen ya las calumnias y los comunicados difamatorios y acudan a los tribunales. De continuar con esta campaña difamatoria, seré yo el que adopte las medidas legales oportunas para defender mi honorabilidad.

Mi actuación se ha atenido en todo momento a la normativa aprobada por la Cámara en los acuerdos de 1999. A ella deben atenerse todos los diputados sin alternativa.

En dicha normativa se establecen ingresos fijos de manutención y, paradójicamente, de estancia, cuyo mero reconocimiento pondría fin a esta discusión, dado que se permite la percepción de gastos de kilometraje y estancia al mismo tiempo, y no olvidemos que ambos tipos de gastos se establecen por los treinta días del mes los doce meses del año.

Tengo mi residencia legal en el municipio de Tapia de Casariego a todos los efectos desde el año 2007, con arreglo a las disposiciones legales vigentes, porque es donde resido más de la mitad del año.

Esta cuestión no ha sido regulada por la Mesa de la Junta General de forma distinta a la que prescriben las normas vigentes del régimen local. Y, por tanto, no hay otra exigencia que la regulada en la reglamentación vigente de población y territorio de las entidades locales, la cual he cumplido y cumplo escrupulosamente.

Por el contrario, renuncié voluntariamente a 700 euros al mes durante cuatro años, de 2007 a 2011 (alrededor de 40.000 euros), a los que tenía derecho, por entender que era más justo.

Esta decisión, paradójicamente, no llamó la atención ni de la Presidencia de la Junta General, ni de la Mesa de la Cámara, ni de miembro alguno del Parlamento asturiano.

Las falsas denuncias sobre mi persona que ha lanzado el PSOE, con la cómplice colaboración del presidente de la Junta General, el socialista Pedro Sanjurjo, han tratado de situarme en una posición de irregularidad, cuando los únicos que han cometido un auténtico atropello son las personas que han dado difusión a mis datos personales, tergiversándolos y falseándolos, con la intención de utilizarlos de forma fraudulenta y en mi perjuicio.

Esta reacción del PSOE parece motivada por la propuesta en la que el Partido Popular pide la reducción de sueldos de los diputados y del número de parlamentarios, con gran contrariedad pública y notoria de su portavoz, Fernando Lastra.

El Partido Popular considera imprescindible modificar el sistema de dietas por kilometraje y de manutención y estancia de los diputados regionales, para hacerlo más justo y con criterios de austeridad, ya que las circunstancias actuales lo exigen. Por ello, el PP propone al resto de los grupos que los gastos derivados del traslado de los diputados desde su domicilio a la Junta General para asistir a actos institucionales (plenos de la Cámara, comisiones...) se abonen en declaración individualizada y por kilómetro recorrido efectivamente. Cualquier actividad no institucional de un parlamentario que genere gastos de kilometraje se abonaría por cada grupo parlamentario, si lo estima oportuno.

A su vez, el Partido Popular propone eliminar de las nóminas de los diputados los gastos de manutención y estancia, y que cada grupo parlamentario determine los criterios por este concepto a cargo de sus actuales asignaciones mensuales. Un cambio que propiciaría un ahorro de unos 500.000 euros anuales a la Junta General.

Quiero concluir señalando que todo mi trabajo como diputado de la Junta General ha estado siempre presidido por la honestidad y dedicación que considero imprescindibles para realizar esta tarea.