El gerente de ASAC Comunicaciones, Maximino Fernández, ha asegurado hoy que las contrataciones de personal para la administración realizadas por su empresa y los fondos que destinó a pagar a otra compañía y a patrocinar un club de baloncesto se llevaron a cabo a instancias de la exfuncionaria Marta Renedo.

Fernández se ha manifestado así durante su comparecencia, acompañado de su abogado, ante la comisión parlamentaria de investigación de este presunto caso de corrupción en el Principado en la que se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de los diputados y se ha limitado a dar lectura a una declaración.

En su alocución, el empresario no ha identificado por su nombre a la exfuncionaria imputada por el caso Marea, pero ha señalado que estas prácticas fueron realizadas a iniciativa de la persona con la que trataron en varias ocasiones en el Principado, primero en Cultura y después en la Dirección General de Modernización, ámbitos en los que Renedo ocupó sendas jefaturas de servicio.

Así, en el caso de la contratación de personal, ha puesto como ejemplo el de una bibliotecaria que debía cubrir una baja y que su empresa contrató para agilizar el trámite sin elegir ellos a la persona beneficiaria del contrato dado que el nombre también les fue facilitado por su interlocutor en la administración.

Finalmente, el epígrafe bajo el que se colocó la factura con la que resarcirles de los gastos generados por la contratación fue el de "Instalación de informática para la biblioteca de San Román de Candamo", ha relatado.

La segunda cuestión que ha llevado a ASAC a verse implicada en el 'caso Marea' fue la adjudicación de un contrato para la informatización y el cableado de un edificio en Gijón que les fue notificada por la interlocutora que ya tenían en Cultura y que les apremió para facturar la obra e iniciar cuanto antes la instalación una vez que concluyese la obra del inmueble.

Según ha relatado Fernández, "dos o tres días después" de haber cobrado el dinero se les indicó, por parte de la misma persona, que debían destinar los fondos a cuestiones diferentes a la de la adjudicación, una de ellas el patrocinio de un club de baloncesto femenino por importe de 35.000 euros que el Principado no quería que saliera a la luz para evitar que lo pidieran otros equipos.

Además, ha añadido, se les pidió que los 212.000 euros restantes los entregarse a otra empresa por trabajos de digitalización ya realizados para el Principado, en concreto a la sociedad Implans Mounts, de la que Renedo era administradora única.

El empresario ha asegurado sentirse ante su media hora "de gloria" por poder explicar su actuación ante los diputados a pesar de la "tristeza" que le suponía ver a su compañía, que cuenta con 110 trabajadores, implicada en un asunto que ha perjudicado a su actividad, a la vez que ha defendido la honestidad de la inmensa mayoría de los funcionarios del Principado con los que ha tratado.