Oviedo, P. GALLEGO
En su escritura de constitución, tras sucesivos cambios en sus administradores y, aún hoy, en las empresas del grupo La Productora, siempre ha habido algún miembro directamente relacionado con el Gobierno del Principado. Ayer uno de ellos, Jacinto Braña -ex director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo en el Gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces y actual director general de Políticas Sociales en el Gobierno del socialista Javier Fernández-, que aún posee un 4 por ciento de las acciones de una de las empresas de La Productora, negó de forma tajante ante la comisión parlamentaria del «caso Marea» que este hecho haya servido para que estas empresas obtuviesen contratos con el Principado. La misma respuesta dio Emilio Granda, administrador de la sociedad Infancia y Territorio, del mismo grupo empresarial. La Productora tuvo y tiene contratos con diferentes áreas del Gobierno regional -por ejemplo, en rutas escolares y servicios de vigilancia de patios y comedores en las escuelas públicas-, pero nunca en departamentos de los que eran responsables sus antiguos socios, aseguran ambos.
En la nómina pasada de La Productora aparecen nombres como el del ex viceconsejero de Comunicación de Areces Víctor Manuel Suárez; o el de su esposa y ex directora general de Infancia, Eva María Sánchez. «Es muy curiosa la vinculación de altos cargos del Principado con este grupo de empresas, con un volumen de facturación muy alto», apuntó el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, el más activo en la jornada de ayer. «Para mí esto no es ético, más allá de que sea legal, porque desde 2004 las empresas del grupo superan los 7 millones de euros en contratación», aseveró. Braña le respondió lamentando que «en un país democrático y en sede parlamentaria se cuestione la militancia política y se plantee como objeción para tener presencia en el accionariado de una empresa».
No fue Braña el que más dolores de cabeza dio a los diputados en la penúltima jornada de comparecencias, sino el responsable de Infancia y Territorio, Emilio Granda. El empresario negó de forma insistente que su empresa, y otra en la que figuraba como administrador uno de los fundadores de La Productora, concurriesen al mismo negociado para lograr contratos en Consumo, junto a una tercera empresa que siempre se retiraba. Las adjudicaciones fueron, en las tres ocasiones, para Infancia y Territorio, según constató la diputada de IU Noemí Martín de acuerdo con los expedientes.
«Yo contesto a todo, una cosa es que se hayan enterado o no, o que no les haya gustado lo que respondí», replicó Granda con dureza. «El buen o mal funcionamiento de la Administración no es mi competencia; si quieren, contrátennos una asistencia técnica», añadió con sorna. «No vamos a aceptar tomaduras de pelo de nadie», le advirtió Martín.
