"Nunca vi un ratón inalámbrico de 193 euros", ha afirmado hoy el secretario del IES Rey Pelayo de Cangas de Onís, Francisco José del Campo Salcedo, en alusión a las facturas pagadas por el Principado a empresas como Igrafo o Almacenes Pumarín por el suministro de materiales supuestamente destinados al centro educativo y que, según su testimonio, nunca fueron recibidos.

Del Campo Salcedo y el exdirector del centro cangués, Jesús Leonardo González, han cerrado hoy la ronda de comparecencias ante la comisión parlamentaria de investigación del caso Marea ante la que se han sometido a las preguntas de su presidente y diputado de UPyD, Ignacio Prendes, que había requerido su presencia en la Junta.

Los comparecientes han sido interrogados sobre un conjunto de facturas de los años 2009 y 2010 relativas a obras y suministros supuestamente realizados al centro educativo que sumaban 507.000 euros de los que únicamente han autentificado gastos por importe de 116.000 euros correspondientes a la ampliación del instituto.

Entre las facturas figuraban ratones inalámbricos para ordenador a un precio de 193 euros o 36 pupitres con consola -"¡si no nos caben 36 pupitres en ningún aula de las que las que tenemos¡", ha afirmado el secretario- gastos en mobiliario por 82.000 euros para talleres -"que lleva sin renovarse desde 1991".

Además, se incluía un gasto de 50.000 euros para sustituir algunas de las ventanas del centro a pesar de que de las reparaciones en este ámbito se encargaban los propios alumnos de Formación Profesional que cursan sus estudios en el centro.

Del Campo ha cuestionado además que él firmase muchas de las facturas aludidas que, a su juicio, podían ser el mismo documento anexado a otro expediente distinto para justificar el gasto, al considerar extraño "que la firma y el sello cuadren exactamente, uno encima de otro" en los que reconoce como reales y los que no.

"Me dan escalofríos, se nos han estado escatimando recursos a los centros..", ha apuntado antes de señalar que la tónica habitual era que, cuando hacían demandas de material, se encontrasen "con el cartel de no hay dinero" cuando lo reclamaban a la Consejería desde la que, ha apuntado, sí se le llamó la atención en una ocasión "por no poner el logotipo del Fondo Social Europeo" en un expediente.

Además, los comparecientes han señalado que el límite de gasto en contrataciones que podían realizar sin requerir autorización de la Consejería se situaba en unos 30.000 euros y que, desde hace años, habían dejado de ser clientes de Igrafo y Almacenes Pumarín, empresas homologadas por la administración autonómica, porque los precios a los que ofertaban los productos "no eran competitivos".