El gerente de Asac asegura que contrató a personal para Cultura por orden de Renedo

l La comisión parlamentaria del «caso Marea» l Las comparecencias
La empresa recuperó el sueldo que pagó a una bibliotecaria a la que empleaba para el Principado con el importe de una obra en Candamo que no se realizó

28.03.2013 | 02:58
Por la izquierda, el abogado Juan Muñiz y el empresario Maximino Fernández, ayer, en la sala Jovellanos de la Junta.
Por la izquierda, el abogado Juan Muñiz y el empresario Maximino Fernández, ayer, en la sala Jovellanos de la Junta.

Oviedo, Pablo GALLEGO


La relación entre el gerente de la empresa Asac Comunicaciones, Maximino Fernández, y algunos de los departamentos de la Administración del Principado se basaban en «la buena fe y la confianza», según afirmó ayer el responsable de esta consultora ante la comisión de la Junta que investiga el «caso Marea». Quizá por eso no le extrañó que una jefa de servicio de la consejería de Cultura -Marta Renedo, una de las principales imputadas en esta supuesta trama de corrupción, aunque él no la nombró directamente- le pidiera que, a través de Asac, contratase personal para la Consejería, según Fernández aseguró ayer. Tampoco que tiempo después la misma persona, ahora desde Administraciones Públicas, le indicase que de los 247.000 euros cobrados por la empresa como pago por la informatización y el cableado de un edificio en Gijón, dedicasen 35.000 euros a patrocinar a un equipo de baloncesto femenino -en el que jugaba una hija de Renedo-, y otros 247.000 euros a pagar obras supuestamente realizadas por otra empresa, Implant Mounts, de la que Renedo era administradora única. «Jamás dudamos de su buen hacer», aseguró Fernández.


El gerente de Asac expuso su visión del caso ante la comisión parlamentaria durante poco más de veinte minutos. Ése fue el tiempo que le llevó leer, sentado al lado de su abogado, Juan Muñiz, la intervención que el empresario traía escrita. Después, como muchos de los implicados en la investigación, decidió no responder a las preguntas de los diputados. Ni siquiera aquéllas en las que se mostró más incómodo, y que trataban de contrastar sus palabras con la versión de los hechos dada, la semana pasada, por las personas a las que su empresa contrató para Cultura.


Según Maximino Fernández, su empresa se limitaba a pagar las nóminas del personal seleccionado por la Administración regional. Aceptó el encargo sin que su contacto les dijera «cómo íbamos a cobrar», aseguró. Uno de los casos fue la solicitud, siempre por la misma persona, Marta Renedo -a la que Fernández no nombró pero que era la funcionaria que ocupaba los cargos a los que el empresario se refirió en la Dirección General de Modernización- de una bibliotecaria que debía estar en su puesto de trabajo al día siguiente por la mañana. «La razón de ser de nuestra intervención parecía radicar en que la Administración carecía de la agilidad suficiente para hacerlo», explicó el empresario. Fernández aceptó. Renedo, además, le explicó que no era necesario que buscasen a nadie, ya que ya había habido «sustituciones con el perfil que necesitaban». Se trataba de María del Pilar Fernández, que la semana pasada reconoció que había llegado a ese trabajo gracias a un aviso de Marta Renedo. La trabajadora aseguró que la oferta era de Asac. Su gerente, que la responsabilidad era de Cultura, aunque fuese su empresa la que hizo los contratos y pagaba las nóminas. Precisamente con el pago de los salarios llegó otro de los puntos jugosos en la declaración de Maximino Fernández. Según el empresario, Renedo le dijo que «no tenían una partida para esas nóminas» en el presupuesto de la Consejería de Administraciones Públicas. Sí lo había, continuó Fernández, en otras partidas presupuestarias «que no se iban a utilizar ese año». De ahí, reconoció, que los fondos para pagar la nómina de la bibliotecaria se cobrasen a través de una factura con el concepto «Instalación informática para la Biblioteca de San Román de Candamo».


Una situación similar la narró, también la semana pasada, María del Carmen Fernández, otra de las trabajadoras recomendadas por Renedo y contratadas por Asac para Cultura. En este caso, para el Archivo Histórico de Asturias, en una entrevista realizada, según ella, en la propia sede de Asac. También supo de la existencia de esta vacante a través de Marta Renedo, a la que conocía «de Avilés», según dijo.


Fue el portavoz del PSOE, Fernando Lastra, el más empeñado en tratar de desmontar la interpretación de los hechos expuesta por el gerente de Asac. Lastra insistió en si el empresario conocía que la administradora de Implant Mounts era Renedo, y preguntó a Fernández si pensaba que los patrocinios de la Administración «eran secretos», argumento que Renedo le dio para pedirle discreción con el traspaso de fondos al club de baloncesto. También quiso saber si Asac acostumbraba a relacionarse con la Administración «sin adjudicaciones formales ni saber que van a cobrar». A ninguna de ellas obtuvo respuesta del empresario.


Maximino Fernández terminó su declaración denunciando el daño que a su empresa y sus 110 trabajadores les había causado verse envueltos en este caso. «En esta comisión no se trata de denigrar el trabajo de nadie», respondió el presidente de la comisión, Ignacio Prendes (UPyD), «por eso es importante separar el grano de la paja, con la mayor celeridad posible», apostilló.

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