Muebles para el IDEPA por 457.000 euros

Transcurrido más de un mes desde la primera comparecencia ante la «comisión Marea», la tensión entre los diputados que la componen llegó ayer a su punto máximo. El detonante fue la denuncia del portavoz del PP, José Agustín Cuervas-Mons, sobre un presunto fraccionamiento de contratos, a lo largo de 2010, en el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA). El objeto, amueblar el nuevo Centro Europeo de Empresas de Innovación (CEEI), por un montante total de 457.331 euros, que el IDEPA hizo en cuatro partes. La primera, para el mobiliario de las salas de reuniones, por 148.456 euros. La segunda, para los tabiques entre salas, por 109.133 euros. La tercera, para el mobiliario de las oficinas individuales, por otros 187.765 euros; y la cuarta y última, para los muebles restantes, por 11.114 euros. De todas ellas fue responsable la empresa Almacenes Pumarín, cuyo propietario, Alfonso Carlos Sánchez, es uno de los principales imputados en el caso.

La tesis de Cuervas-Mons era que, en 2010, el director del IDEPA -entonces Víctor González Marroquín- no podía superar un límite de contratación de 150.000 euros, y que por esa razón -para evitar licitar un contrato por el montante total a través del Consejo de Gobierno-, había decidido organizarlo así. Enfrente tenía al actual director del Instituto, Carlos García Morilla, que afirmaba que la contratación cumplió «escrupulosamente» la ley.

Fue entonces cuando Cuervas-Mons dijo que eso «es fraccionar», con la consiguiente queja de Lastra por los «juicios de valor» del diputado popular. Las preguntas y la discusión continuaron, hasta que Cuervas-Mons insistió en que el procedimiento «no cumplía la ley». Lastra, moviéndose en la silla, expresó «su más enérgica protesta» ante las aseveraciones del popular, «no puede acusar a nadie de un delirio», le dijo. Cuervas-Mons respondió diciendo que era «un fraccionamiento como la copa de un pino», y Lastra, ya de pie, le gritó: «¡Es usted un difamador!». El presidente de la comisión, Ignacio Prendes, trató de poner paz. Al final de la sesión de la mañana fue él quien acabó discutiendo con el diputado socialista José María Pérez por su decisión de mostrar a una de las comparecientes, sin consultarlo con el resto de diputados, varios de los expedientes administrativos que obran en poder de la comisión.

Tras más de setenta horas de interrogatorios y 60 comparecientes -sólo el ex viceconsejero Luis Iturrioz y la ex jefa de servicio Consolación Carrera no acudieron, al no ser localizados- la comisión ha cerrado, de forma provisional, la ronda de comparecencias, a la espera de si algún grupo decide añadir nuevos nombres a la lista.