El sargento de Cudillero pedirá cinco años de cárcel para el diputado Francisco González

La defensa del ex alcalde pixueto dice que presentará un recurso y que aún es posible que no se abra un juicio oral

28.03.2013 | 02:58
González, a la derecha en primer término, y el sargento de Cudillero, al fondo.
González, a la derecha en primer término, y el sargento de Cudillero, al fondo.

El abogado del jefe de la Policía Local de Cudillero, Gonzalo Botas, tiene previsto formalizar la próxima semana una petición de cinco años de cárcel para el diputado regional socialista y ex alcalde pixueto Francisco González, acusado por el sargento Prudencio Iván Flórez y tres hosteleros de la zona de haber tejido «una red clientelar» durante su mandato, en colaboración con otros miembros del Consistorio, que cobraba «ilegalmente» a los concesionarios de los chiringuitos de verano a cambio de la seguridad nocturna que les proporcionaban los agentes municipales fuera de su horario laboral. Botas también pedirá formalmente la apertura del juicio contra el ex alcalde de Cudillero y presentará una calificación provisional tipificando los hechos «como un concurso de los delitos de cohecho y exacciones ilegales», según el letrado.


Gonzalo Botas dará este paso «en cumplimiento con lo ordenado por el juez instructor» de la causa, que el pasado martes dictó un auto en el que estima que existen «indicios razonables» de delito en las actuaciones denunciadas por la acusación y que «procede continuar el procedimiento para celebrar un juicio ante el tribunal del jurado» contra Francisco González y María Verena Prendes García, edil durante la época del actual diputado al frente del Consistorio. Según el escrito, Prendes «fue la encargada de ejecutar la decisión del entonces alcalde disponiendo de la colaboración de la funcionaria que ejercía las funciones de Tesorería, María Antonia Álvarez Ondina, y del que por entonces era jefe de la Policía Local, Juan Castañeda Álvarez». Respecto a la tesorera y al ex jefe de Policía, el juez ha dictado otro auto «declarando extinguida su responsabilidad penal por prescripción del delito», según fuentes del TSJA. En el escrito del magistrado se establece un plazo de cinco días «para lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando escrito de conclusiones provisionales».


El abogado de Francisco González, Javier Nuñez, asegura que «hablar de que se va a abrir un juicio oral a estas alturas es algo prematuro». Según el letrado, la defensa va a presentar, también esta semana, «un recurso de queja» solicitando el sobreseimiento de la causa al considerar «que los hechos no encajan en el tipo de delito en el que se están englobando y que, en todo caso, habrían prescrito» al estar fechados por el juez entre los años 2003 y 2008. El abogado añade que la respuesta a esa queja puede «alargarse hasta un mes» y, además, que «una vez que se presenten las conclusiones provisionales de las partes todavía hay que celebrar una audiencia preliminar en la que la Sala decidirá si se abre el juicio o no».


La parte contraria no comparte la misma postura. Gonzalo Botas está convencido de que la apertura de juicio oral contra Francisco González y María Verena Prendes ya se ha iniciado y no tiene marcha atrás. «Con la ley en la mano, según mi punto de vista, no hay opción para que la causa se archive. Sólo con que una de las partes pida la apertura de juicio oral se tiene que seguir adelante y yo lo voy a hacer la próxima semana». El abogado sostiene que lo único que puede hacer el diputado regional presentando recursos «es ganar algo de tiempo». Gonzalo Botas sospecha que «la estrategia» de Francisco González es «aguantar hasta que se remita la causa al tribunal de jurado» para mantener su condición de aforado y «ser juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y no en la Audiencia», donde sería procesado, si se abre el juicio oral, «en caso de que dejase el cargo antes». El letrado lo tiene muy claro: «Yo creo que se equivoca porque en el TSJA pierde el recurso de apelación que le permite la Audiencia y sólo contaría con el de casación».


El auto dictado el lunes por el juez explica que el procedimiento para materializar «los pagos por los hosteleros y cobros por el Ayuntamiento era casi siempre el mismo». Los hosteleros «entregaban en mano y en efectivo a la tesorería municipal el importe estipulado por el servicio contra un recibo que ésta les extendía con el sello del Ayuntamiento». El dinero «era entregado al jefe de la Policía Local, que lo repartía entre los integrantes de la plantilla del cuerpo, también en efectivo y sin que constara en la nómina, en proporción a las horas de vigilancia nocturna realizadas por cada uno de ellos» en el entorno de los chiringuitos. Los hosteleros «accedían al pago para poder seguir instalando y explotando los chiringuitos» y «no consta la existencia de ordenanza fiscal alguna que estableciera y regulara una tasa por este servicio».

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