La juez del «caso Pokémon» investigará la concesión del agua en el concejo de Gozón

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia traslada al Juzgado de Lugo, que lleva la instrucción, la denuncia presentada por Izquierda Unida

29.03.2013 | 02:12

La juez del «caso Pokémon» ya tiene en sus manos el contrato de abastecimiento de agua en el concejo de Gozón. El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) denunció ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia «una serie de hechos» relacionados con la adjudicación irregular del canon del agua. Primero, a la compañía Asturagua y, posteriormente, a Aquagest, que absorbió aquélla y que actualmente gestiona el servicio de agua en el municipio.


La Fiscalía de Galicia acordó remitir la denuncia de IU al Juzgado número 1 de Lugo, que es el que se encarga de esclarecer la concesión fraudulenta de contratos municipales a distintas compañías que han operado principalmente en la provincia de Lugo, aunque también en el Principado de Asturias.


La concesión del contrato del agua de Gozón está en el candelero desde hace años. Sin embargo, no ha sido hasta la semana pasada cuando se ha puesto en relación con una serie de prácticas singulares desarrolladas, presuntamente, por la empresa Aquagest. Y es que la detención el pasado 19 de marzo de los ex concejales de la Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA) Miguel Ángel Villalba y Elena Villalba, de A. V. A. y de un gestor de la empresa Aquagest ha destapado una supuesta trama de financiación ilegal de partidos políticos en Asturias en la que, según los primeros indicios, habría cobrado un especial protagonismo la empresa que empleó hasta hace unos meses a Joaquín Fernández, ex presidente del Partido Popular (PP) en San Martín del Rey Aurelio y ex componente de la dirección regional del mismo partido.


El «caso Pokémon» es el nombre que se ha dado a una investigación sobre la concesión ilegal de contratos de servicios públicos municipales en Galicia. Llegó al Principado por medio de Fernández y como consecuencia del proceso abierto en la provincia de Lugo a instancias del empresario ovetense José Luis Álvarez. Los agentes de aduanas han registrado, al menos, el Ayuntamiento de Cangas del Narcea y el de Avilés. El resto de los veinte concejos con relaciones comerciales con Aquagest está en el punto de mira de los investigadores judiciales.


La detención de Villalba corre en paralelo a la trama gallega. Parte de la realización de unas obras en la cafetería de las piscinas de Corvera. Sin embargo, según fuentes consultadas, no se limita a ello.


El Juzgado número 3 de Avilés trata de desentrañar ahora una supuesta práctica ilegal: la realización de obras por medio de subcontratas y a un precio más bajo que el acordado con el Ayuntamiento de turno. Esta práctica, según fuentes consultadas, generaría dinero negro que iría a parar a personas influyentes en la concesión de contratos y también en partidos políticos. Los dos casos -«Pokémon» y «Villalba»- son dos juegos distintos, aunque con jugadores similares.

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