Oviedo, P. GALLEGO

A la comisión parlamentaria del «caso Marea» han llegado varios anónimos. Muchos más de los que finalmente discutieron los nueve diputados que trabajan en el caso, al considerar que el resto no contenía, según la terminología jurídica, «principios de prueba». La tarde del miércoles los parlamentarios despidieron la fase de comparecencias con un nuevo anónimo sobre la mesa.

El documento, compuesto por tres folios mecanografiados y un recorte de prensa, lleva por título «Nepotismo en el Sespa» -el Servicio de Salud del Principado-, y en él se vierten una serie de afirmaciones que afectan a un ex alto cargo hospitalario y a un trabajador al que éste habría ido «enchufando». La comisión lo rechazó.

Otros tres escritos sin firma recibidos en el Parlamento sí se enviaron a la fiscalía, al considerar que contenían documentación relevante. Dos de ellos -uno que implicaba a cargos de la Consejería de Salud del último Gobierno de Areces con la supuesta trama corrupta que se investiga en el caso, y otro que hacía referencia al ya destituido gerente de la Universidad, Eusebio González, por supuestos favores de una de las empresas implicadas- los envió la propia presidencia de la comisión. Un tercero, en el que se apuntaba que el Principado seguía contratando con la empresa heredera de Almacenes Pumarín, lo remitió el grupo de Foro.

Su importancia en el desarrollo de la comisión ha sido radicalmente distinta. Las declaraciones de varios testigos fueron desmontando el primero, mientras que el segundo coincidió en el tiempo con la imputación judicial del ex gerente universitario, aunque éste no llegó a declarar ante la comisión parlamentaria.