El Principado recurrirá la sentencia que anula la jornada laboral de 40 horas a miles de empleados públicos con dedicación especial, según confirmó ayer el director general de Función Pública. El PP regional estima que esa sentencia, de ser firme cuando se resuelva el recurso, supondrá un coste entre los ocho y los diez millones si reclaman todos los funcionarios afectados.

José María Gancedo, responsable de Función Pública, basa el recurso en la existencia de otros fallos judiciales que han dado la razón a la Administración regional. El sindicato CSIF denunció el pasado verano las instrucciones dictadas por la Consejería de Hacienda para adaptar la Administración regional a las medidas acordadas por el Gobierno de Mariano Rajoy dentro de los Presupuestos de 2012. El Principado ganó aquel pleito, mediante una sentencia dictada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Oviedo. «Al mantener la legalidad de esas medidas una sentencia anterior, entendemos que existe una discrepancia entre juzgados que someteremos al Tribunal Superior de Justicia de Asturias», declaró Gancedo, quien justificó la aplicación de una jornada de 40 horas al personal con dedicación especial «porque tiene una mayor retribución para trabajar dos horas y media más a la semana».

El diputado regional del PP, Luis Venta, vinculó ayer la sentencia que anuló la jornada laboral de 40 horas con sentencias precedentes, también contrarias a la política de Función Pública de la Administración asturiana. «Este fallo judicial demuestra que el Gobierno de Javier Fernández actuó con prepotencia y reguló mediante una instrucción medidas que requerían un decreto», afirmó el diputado popular. La sentencia, según Venta, también prueba que «el Gobierno regional mintió cuando justificó sus medidas de ajuste como una imposición del Gobierno de España. Nada más lejos de la realidad». El magistrado del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo definió de «adaptación exorbitante» la decisión de ampliar la jornada de dedicación especial mediante una resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público.

El diputado popular Luis Venta cifró entre ocho y diez millones de euros el coste que acarrearía esa sentencia, de ser firme, si todos los funcionarios reclamaran las horas que trabajaron de más desde el 1 de julio, cuando entró en vigor esa jornada laboral de 40 horas para los funcionarios con dedicación especial. El Principado evitó valorar ese cálculo, pero precisó que la sentencia del Juzgado número 5 anula la ampliación de la jornada entre el 1 de julio y el 11 de octubre, cuando entró en vigor el decreto del Gobierno que fijaba la duración de la jornada.