Los partidos con representación en la Junta General del Principado esperan tener en dos meses, antes de que acabe en julio el actual período parlamentario de sesiones, la reforma global de sus asignaciones económicas, tanto las correspondientes a los salarios de los diputados como las partidas que van directamente a cada grupo político. Esta reforma -que, entre otras cosas, eliminará las exenciones fiscales sobre los gastos de manutención y kilometraje- es independiente y paralela a la del reglamento del Parlamento asturiano, que ayer inició su andadura para tratar de imprimir más agilidad a los debates, algo que la mayoría de grupos echa en falta con unas reglas del juego que fueron fijadas hace ahora más de dieciséis años.

El portavoz del PSOE, Fernando Lastra, aclaró ayer que la reforma del reglamento de la Junta no tiene relación alguna con la de las asignaciones económicas a los diputados y a los grupos políticos. «Hoy hemos acordado la puesta en marcha de un grupo de trabajo para la reforma del reglamento de la Junta; y sobre las asignaciones económicas hay conversaciones entre los grupos de la Cámara y esperamos tener una propuesta, dentro de los plazos, antes de que acabe el actual período de sesiones», indicó el portavoz socialista. Los dos partidos que junto al PSOE respaldaron la investidura de Javier Fernández, IU y UPyD, ya han mostrado su disposición a abordar una reforma global del régimen de asignaciones económicas de la Junta, una iniciativa de la que también son partícipes el PP y, tras alguna resistencia inicial, Foro Asturias.

Hasta la fecha, la única propuesta concreta registrada en la Junta sobre la reforma de las asignaciones económicas ha sido la del PP, que plantea eliminar el pago del fijo mensual del kilometraje y pagar tan sólo los kilómetros recorridos efectivamente. Además quiere suprimir el abono de los 933 euros por manutención y estancia que cobra actualmente cada diputado, independientemente de su lugar de residencia, y que ese concepto pase a ser abonado por los grupos parlamentarios con cargo a sus asignaciones. La fórmula propuesta por los populares no convence a otros partidos que discrepan, por ejemplo, en que los gastos de manutención y estancia pasen a depender del criterio de cada grupo político sin que, a priori, haya fiscalización de los servicios generales de la Cámara. Tanto el PSOE como UPyD defienden que la nómina de los diputados que salga de esta reforma tribute el impuesto de la renta de las personas físicas en su totalidad y no contenga conceptos exentos de tributación, como ocurre en la actualidad, con los complementos fijos del kilometraje y de la manutención y estancia.

Estas exenciones fiscales han generado un gran malestar entre los funcionarios del Principado hasta el punto de que un sindicato, USIPA, ha presentado una denuncia ante la Agencia Tributaria para que investigue las percepciones ingresadas por los diputados regionales en los últimos cuatro años.

El proceso de reformas en el que ha entrado el Parlamento regional no tiene su punto final en el régimen de retribuciones y asignaciones. La Junta de Portavoces acordó ayer revisar el actual reglamento de la Junta General, con 16 años de antigüedad, ya que la anterior reforma se remonta a los años 1995-1997. Los cincos grupos parlamentarios pactaron la creación de un grupo de trabajo encabezado por el presidente del Parlamento, Pedro Sanjurjo, y en el que estarán los portavoces, diputados y asesores de todos las formaciones, fórmula idéntica a la utilizada cuando se pactó la anterior reforma. Los cinco grupos políticos dispondrán ahora de diez días para proponer a sus representantes en el citado grupo de trabajo, que se reunirá al menos una vez al mes.

Todos los grupos políticos de la Junta General coinciden en la necesidad de dar más agilidad a la vida cameral para que los debates lleguen antes al ámbito parlamentario. La portavoz de Foro, Cristina Coto, aseguró que la intención de su grupo es «revitalizar» el Parlamento, mientras que la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, también presentó iniciativas parlamentarias para mejorar el funcionamiento de una Cámara «rígida, trasnochada e ineficiente».