La decisión de tres de los cinco grupos con representación en la Junta General -PP, Foro y UPyD- de promover la supresión de la Procuraduría General chocó ayer, en plena calle, con el rechazo de un sector de la sociedad. A mediodía, frente a la sede en Oviedo de esta institución -el equivalente autonómico al Defensor del Pueblo-, miembros de diferentes asociaciones y ONG se manifestaron, junto a diputados de IU -el único grupo que defiende abiertamente la pervivencia de este organismo, ya que el PSOE aceptó su supresión en el pacto de legislatura firmado con UPyD- para solicitar que el Parlamento asturiano se replantee su decisión de acabar con esta institución. La Procuraduría es «imprescindible» para dar voz a la ciudadanía, «especialmente en época de crisis», afirmaron la diputada de IU Noemí Martín y las asociaciones presentes. En la concentración se mezclaban miembros de los más de doscientos colectivos que defienden el mantenimiento de la Procuraduría, liderados por Mónica Oviedo, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi); Cruz Cuevas, de la Coordinadora de ONG; Dolores San Martín, de la Federación de Asociaciones de Mayores, y Víctor García, de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
