Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, ex director general de la empresa autonómica Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado (GITPA), adjudicó, al menos, contratos por un importe superior a 75.000 euros, entre 2007 y 2011, a una empresa de la que su hijo era administrador único y socio al cincuenta por ciento. El consejero de Economía, Graciano Torre, confirmó ayer en el pleno de la Junta General del Principado que su departamento ha abierto una investigación de todas las facturas y contratos de esa empresa pública, que en ese período dependía de Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas. Torre, que respondió en el Parlamento a una pregunta del popular José Agustín-Cuervas Mons, indicó que ha puesto el asunto en manos de los servicios jurídicos de su Consejería. Por su parte, Rodríguez Bañuelos, tras ser preguntado ayer tarde por este periódico sobre las adjudicaciones de contratos a la empresa de su hijo, sostuvo: «Eso no es ilegal».

La empresa Twisterwill obtuvo adjudicaciones del GITPA por un importe de más de 75.000 euros entre 2007 y 2011, según informó el consejero de Economía, departamento del que ahora depende esa empresa pública. Torre reveló estos datos en respuesta a una pregunta realizada por el PP después de que LA NUEVA ESPAÑA revelase hace dos semanas la existencia de una denuncia anónima ante la Policía, presentada al calor de la investigación del «caso Marea», sobre posibles contratos irregulares en GITPA. Tras la publicación de esta información, la Consejería de Torre abrió una investigación.

Graciano Torre, en su comparecencia en la Junta, indicó que aún tienen unos cabos sueltos sobre la relación familiar entre Bañuelos y el administrador de Twisterwill. Sin embargo, fuentes del Principado precisaron que «al 99,9 por ciento» creen que uno de los empresarios es hijo de Bañuelos. El propio afectado, Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, señaló ayer tarde a LA NUEVA ESPAÑA: «Que esté mi hijo o no es accesorio, eso no es ilegal. Lo que cuenta es si esos trabajos están realizados o hechos». Hasta principios de 2012, Rodríguez Bañuelos fue director general de la empresa pública vinculada al desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones. GITPA manejó en 2011 un presupuesto superior a los 8 millones de euros y tenía, entre otros cometidos, el cableado de la red Asturcón por toda la geografía regional y la implantación de la televisión digital terrestre TDT. «No hice nada fuera del ámbito de mis competencias. Siempre he actuado conforme a la ley de Contratos del Estado», aseguró este ex alto cargo regional para añadir: «Al cocer todo mengua, ya no son los 900.000 euros de los que se hablaba en la denuncia. La cifra de 75.000 euros me cuadra más», afirmó Bañuelos.

El consejero Graciano Torre admitió ayer que la investigación interna ha detectado algunas facturas «dudosas» y que ha puesto el caso en manos de los servicios jurídicos de la Consejería por si fuera necesaria la intervención de los servicios generales del Principado. La investigación de la propia Consejería pretende esclarecer «si ha habido alguna aberración» en la gestión de una empresa que el Gobierno pretende suprimir en la reestructuración del sector público autonómico. «No convendría liquidar esta empresa sin que se despejen todas las sombras de duda», exigió el diputado del PP Cuervas-Mons.