Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones (GIT), la empresa autonómica que es objeto de investigación por la Consejería de Economía tras haberse descubierto que suscribió contratos al menos por 75.000 euros con el hijo de su director general, Juan Antonio Rodríguez Bañuelos, facturó entre 2007 y 2011 más de 40 millones de euros. GIT es una empresa nacida en la época del consejero Luis Iturrioz, mano derecha del ex presidente Vicente Álvarez Areces. Fue el instrumento del Principado para la instalación de la red de fibra óptica en buena parte de la región, especialmente en el Oriente, el Occidente y las Cuencas. Los contratos suscritos con el hijo del director general de GIT fueron el diseño de la página web de la empresa y también trabajos relacionados con diseño y artes gráficas, como trípticos, según fuentes del Principado. La Consejería de Economía y Empleo está analizando todas las facturas de la empresa autonómica desde 2007.
La investigación del Principado se abrió después de que LA NUEVA ESPAÑA publicase que el juez del «caso Marea», Ángel Sorando, había recibido una denuncia anónima presentada ante el grupo de delincuencia económica, en la que se aseguraba que Rodríguez Bañuelos había dado contratos «dudosos» a su hijo por importe de 900.000 euros. El juez se inhibió y derivó la denuncia al decanato, y éste, a su vez, al Juzgado de guardia, que no quiso hacerse cargo del asunto por considerar que estaba relacionado con el «caso Marea». Será la Audiencia la que dirima ahora este conflicto de competencia.
La empresa GIT manejó un presupuesto 6,6 millones de euros en 2007, cantidad que se mantendría en 2008, al prorrogarse las cuentas. En 2009, el volumen de la sociedad pública se incrementó a 7,2 millones, para aumentar sensiblemente en 2010, año, en el que tuvo un presupuesto de 9,9 millones de euros. En 2011, contó con el mismo volumen de operaciones. Rodríguez Bañuelos se mantuvo al frente del GIT hasta febrero de 2012, fecha en la que el Gobierno de Cascos prescindió de sus servicios. Sólo unos meses antes, el hijo de Rodríguez Bañuelos había dejado de ser administrador de la empresa Twisterwill, a la que apuntaba la denuncia anónima presentada ante Delincuencia Económica.
Esta sociedad se creó en abril de 2006 con un propósito: «el comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases». En junio de ese año, figura que el objeto social es «la comercialización al por mayor, menor y comercio electrónico, importación y exportación de productos alimenticios y bebidas refrescantes y espirituosas». Finalmente, el objeto social se amplía al dejar el hijo de Rodríguez Bañuelos la administración de la empresa, en septiembre de 2011, y pasa a dedicarse al «diseño, desarrollo y ejecución de proyectos de telecomunicaciones, informática y energía, su enseñanza y formación».
Las inicios de la empresa fueron más bien modestos. Así, en 2006, facturó poco más de 8.402 euros y tuvo un beneficio negativo de 466,52 euros. En 2007 le iría mejor, al facturar 26.866 euros. Ese año, el beneficio ascendió a 7.500 euros. En 2006, contaba con un activo de 8.608 euros, que pasaron en 2007 a 54.630 euros. Según la página web de la empresa, hoy está especializada en redes sociales, marketing online y formación. Además de la de la empresa GIT ha elaborado otras páginas web, entre ellas la página electoral de la alcaldesa Dolores Álvarez Campillo (PSOE), que lleva por título «Dolores por Llanes».
Rodríguez Bañuelos indicó a LA NUEVA ESPAÑA que actuó de manera legal y consideró «algo accesorio» que su hijo figurase o no en la empresa contratada. También aseguró que la denuncia se debe a una venganza por parte de un vecino de Celorio (Llanes) con el que lleva años enfrentado. Dijo que la denuncia sobre 900.000 euros en supuestos contratos irregulares había ido menguando y que, tras la investigación del Principado, se había pasado a contratos por importe de unos 75.000, una cantidad que le «cuadra más». Además, «los trabajos se hicieron», indicó Rodríguez Bañuelos.
