Oviedo, J. A. ARDURA
El primer veto del Gobierno de Javier Fernández a una iniciativa legislativa afectará a uno de sus «socios preferentes», Izquierda Unida de Asturias. El Ejecutivo regional ha manifestado su disconformidad con una ley antidesahucios promovida por la coalición y similar a la de Andalucía, donde ha sido pactada por el PSOE e IU en aquella comunidad. El Principado basa su negativa en razones presupuestarias, con el argumento de que poner en marcha esa nueva ley supondría un coste añadido de 1,4 millones, más un incremento de plantilla de 38 trabajadores en las cuentas de 2013, ajustadas a la baja.
La negativa del Ejecutivo regional no ha sentado nada bien en IU, cuyo coordinador general, Manuel González Orviz, ha advertido que esa decisión «tendrá consecuencias políticas» y que la coalición volverá a registrar esa iniciativa legislativa en la Cámara para que entre en vigor en 2014.
El objetivo de IU de Asturias con su iniciativa de ley era poner freno a los desahucios. «Tenemos gente sin casas y casas sin gente. Por eso queremos promover una normativa similar a la de Andalucía, donde ni siquiera el PP se atrevió a votar en contra», esgrimió Orviz. «Pretendemos dar seguridad a gente expulsada de sus viviendas por quedarse sin empleo, los nuevos pobres en riesgo de perder su casa», planteó el coordinador general de la coalición en Asturias.
Marta Pulgar, actualmente diputada regional y gerente de la empresa pública de vivienda entre 2008 y 2011, aseguró que las razones presupuestarias son un mero pretexto por parte del Gobierno regional para no entrar en el fondo del asunto. La parlamentaria sostuvo que el convenio suscrito meses atrás por el Principado con las entidades bancarias sobre los desahucios no ha dado ningún resultado. «Ese convenio es una copia del documento de buenas prácticas del Gobierno de Mariano Rajoy. A día de hoy no conocemos que haya solucionado ningún problema de desahucio. Dudamos de su efectividad», sostuvo la parlamentaria, quien se mostró convencida de que la actual estructura de la Dirección General de Vivienda y de la empresa pública Vipasa, con más de un centenar de trabajadores, reúne medios humanos y materiales suficientes para controlar el desarrollo de la ley sobre desahucios sin necesidad de realizar varias decenas de contrataciones.
El diputado Ángel González reprochó al Gobierno socialista que su primer veto a una ley sea para esta iniciativa de IU. «Tal parece que el Presidente está en rebeldía con las políticas de izquierda que su propio partido defiende en España y en Andalucía; mejor aplicaba esa rebeldía con las políticas de derechas del Gobierno central».
El Ejecutivo asturiano, a través de su portavoz, Guillermo Martínez, evitó ayer toda polémica con uno de sus «socios preferentes», Izquierda Unida. «Las medidas por las que apostamos son el convenio con los bancos y la mediación para evitar que los desahucios lleguen a consumarse. El Gobierno asturiano siempre se ha mostrado sensible a este problema, pretendiendo la mayor eficacia», argumentó Guillermo Martínez.
