La partida del salario social para este año estará cercana a los 60 millones de euros, según las previsiones que maneja Izquierda Unida de Asturias. Los Presupuestos de 2013 reservaban una dotación de 45 millones de euros para el pago de esta prestación, el último recurso que tienen a su alcance las familias asturianas cuando ya han agotado los subsidios vinculados al desempleo. Tanto el presidente del Principado, Javier Fernández, como la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, han reconocido en la última semana que esos 45 millones se quedarán cortos para atender la elevada demanda de esa ayuda, que se ha disparado con la crisis, hasta alcanzar una cifra récord superior a las 500 peticiones en el pasado mes de abril. En la actualidad, ya son 6.300 familias sin recursos las que esperan esta ayuda básica, que ya reciben más de 9.000 beneficiarios.

IU promovió la aprobación del salario social en 2005 y consiguió, tras duras negociaciones con el PSOE asturiano, su reconocimiento como un derecho subjetivo; es decir, que todos los ciudadanos pudieran cobrar esa prestación, previo cumplimiento de unos requisitos en función de la situación económica de su unidad familiar.

La coalición, que ha estado al frente de la Consejería de Bienestar Social en los más de seis años de Gobierno bipartito con el PSOE, estima que el volumen actual de solicitudes sin resolver y de nuevas peticiones que se incorporan mes a mes situará el coste de la prestación en alrededor de 60 millones de euros. «Octubre suele ser el mes en el que el cálculo sobre la cuantía definitiva del salario social resulta más fiable, pero, a estas alturas y a la vista de los datos que ofrece la Consejería, no parece descabellado que sea preciso elevar esa partida en ocho, diez o doce millones de euros», valoró el portavoz de IU en la Junta General del Principado, Ángel González, viceconsejero de Bienestar Social entre 2009 y 2011.

La coalición, según González, también peleó en la última negociación presupuestaria para que la partida del salario social fuera considerada como un crédito ampliable, en caso de que la asignación inicial se quedara corta, como así ha sido. «Era una cláusula que el PSOE, inicialmente, no estaba por la labor de aceptar, pero no quedaba otra salida, ante los efectos que esta prolongada crisis está teniendo sobre el empleo en la región», comentó el portavoz parlamentario de la coalición, que llamó la atención sobre la necesidad de agilizar y menguar la lista de espera, una exigencia que también ha planteado repetidas veces en los debates del Parlamento asturiano la diputada de Foro Esther Landa.

Ángel González sostiene que la reducción de la lista de espera en la tramitación del salario social es cuestión de «voluntad política», pero despeja dudas sobre la gestión de la actual consejera de Bienestar Social. «La Consejería de Hacienda, a través de la Dirección General de Función Pública, tiene capacidad para que Bienestar cuente con el personal administrativo necesario para poner al día las solicitudes pendientes de respuesta», reveló González.

El diputado de IU no quiere creer que detrás de ese retraso haya una intención, por parte del Gobierno regional, para que no se dispare la factura del salario social: «Es conveniente acabar con esa sospecha, porque lo cierto es que los beneficiarios van a cobrar atrasos, o sea, que al final el retraso en el pago se convierte en una acumulación de deuda, que no tendría ningún sentido», planteó el portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento regional, que instó al Ejecutivo de Javier Fernández a imprimir un mayor ritmo a la tramitación de las más de quinientas peticiones mensuales que se suman a una lista de espera muy voluminosa. «En dos meses, si se quiere, se puede. Lo aberrante es que una atención de emergencia, por la que están esperando familias que no tienen recursos y necesitan esos ingresos para atender cuestiones básicas, se pueda demorar más de año y medio», lamentó González, quien recordó la herencia negativa que dejó el Gobierno de Foro en los once meses que estuvo al frente de la Consejería de Bienestar Social.

Otras autonomías, como Extremadura, donde gobierna el PP, han tomado como referencia el salario social del Principado para aplicar una renta básica. «Acaban de ponerlo en marcha y ya están desbordados con las solicitudes, porque es un recurso al que tienen que acudir cada vez más ciudadanos por la crisis, que está propiciando grandes cambios en la sociedad», aseguró el diputado de IU.