La Delegación del Gobierno ha propuesto una sanción a representantes de tres organizaciones sindicales -Suatea, CSI y CGT-- motivada por "los graves incidentes" que se provocaron en el transcurso de movilizaciones promovidas por estas en Gijón, según una nota de prensa de este organismo. La sanción podría ascender a 30.050,61 euros por cada uno.
Entre otras cosas, se hace mención a la quema de objetos en la vía pública, pintadas en edificios públicos y privados, enfrentamientos violentos con los policías del dispositivo de seguridad y a que se trató de forzar la puesta en libertad de cuatro detenidos durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012 mediante el bloqueo de los accesos a la Comisaría de Gijón.
En este sentido, considera que no se estableció "el preceptivo servicio de seguridad interna que por ley los organizadores han de asegurar al objeto de impedir hechos como los protagonizados por varios de los asistentes. Es más, se incide en que los organizadores no solo no impidieron estos actos, sino que los propusieron e incluso protagonizaron personalmente.
También se atribuye a los organizadores no haber cumplido con el compromiso legal de finalizar las movilizaciones en los lugares previstos y comunicados, al desplazarse por itinerarios distintos, lo que ocasionó, según la Delegación de Gobierno, "serios" problemas de seguridad en el tráfico rodado y en las inmediaciones de las dependencias policiales, lo que puede constituir, según esta, infracciones graves de acuerdo a la Ley 1/92 de Protección de Seguridad Ciudadana.
