l Justicia. El Ministerio de Justicia ha detectado varias duplicidades en aquellas comunidades que, como Asturias, tienen transferidas las competencias en la materia. Así, plantea la puesta en marcha de un instrumento de planificación conjunta en el ámbito de las nuevas tecnologías, a través de un comité técnico para la administración judicial electrónica. Además, pondrá en marcha el registro único de fundaciones y diferentes medidas en materia de personal. También tiene previsto encomendar a las comunidades con competencias que se hagan cargo de la jubilación de los empleados, tanto de los cuerpos generales como de los especiales, y de las prórrogas de permanencia en el servicio. En cuestión de selección de personal, el Ministerio cambiará el sistema actual de tribunales calificadores, ya que, a su juicio, tal y como está diseñado, resulta «poco operativo, costoso y genera un incremento de la litigiosidad». Por ejemplo, los tribunales delegados en las comunidades autónomas podrán ser suprimidos en determinados casos.

l Compras unificadas. El Gobierno central plantea en esta reforma una contratación centralizada a nivel nacional, mediante la adhesión de las regiones a una central que será coordinada por el Estado. La gestión corresponderá a la Dirección General de Patrimonio, aunque sin perjuicio de que las regiones mantengan su actividad en aquellos sectores en los que no opera el Estado.

l Cooperación al desarrollo. Asturias es una de las seis comunidades que cuentan con agencias propias de cooperación. Sus funciones, a nivel estatal, están coordinadas por dos órganos muy similares. Son la Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo y la Conferencia Sectorial de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La propuesta del Gobierno es suprimir la primera entidad y que las oficinas regionales de cooperación se integren en las de la agencia estatal. El objetivo de estas medidas es «evitar la dispersión y la falta de complementariedad» que el Ejecutivo aprecia en la cooperación internacional española

l Seguridad. Quedarán suprimidas las unidades de apoyo ante desastres, ya que han perdido sentido a partir de la creación de la unidad militar de emergencia (UME). Además, está prevista la creación de una conferencia sectorial de Protección Civil y la firma de un convenio marco de colaboración para la gestión de emergencias entre Interior y las autonomías.

l Elecciones. El Ejecutivo pretende plasmar en un real decreto la delimitación entre administraciones de los gastos y tareas de los comicios autonómicos.

l Protección de la naturaleza. El objetivo es coordinar el servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) con el resto de agentes estatales y autonómicos en materia de conservación de la naturaleza y el medio ambiente. En este sentido, se recoge la puesta en marcha de un protocolo de actuación para unificar criterios y evitar que haya contradicciones en informes remitidos a la autoridad judicial sobre un mismo asunto.

l Cartografía. Cuatro comunidades autónomas disponen de organismos destinados a labores cartográficas, con una producción que el Ejecutivo califica de «redundante» con la de entidades similares propias del Estado. El informe que presentó el viernes Soraya Sáenz de Santamaría propone la supresión de todas las sociedades de titularidad autonómica.

l Empleo. El Estado contará con un portal único de empleo que consistirá en una base de datos común. Incluirá todas las ofertas y demandas, así como las oportunidades de formación profesional que haya en el conjunto de las comunidades autónomas y en el ámbito del Estado.

l Caza y pesca. Las licencias para la práctica de estas actividades son específicas de cada autonomía, lo que, según los autores del informe, induce a confusiones. La pretensión del Gobierno es implantar un «sistema de reconocimiento mutuo» de licencias, de forma que un ciudadano pueda cazar o pescar en una región distinta a la suya sin más trámite que el pago de la tasa correspondiente.

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