María Jesús Otero, la ex directora general de la Consejería de Educación, una mujer de apariencia austera que fue la mano derecha del consejero José Luis Iglesias Riopedre durante su etapa en el Principado, fue la que más beneficio personal sacó de todos los implicados en la supuesta trama de corrupción que investiga el juez Sorando. Al menos eso es lo que recoge el magistrado en su auto de procesamiento, en el que acusa a Otero y a su entorno familiar de haber recibido al menos 2. 568.762 euros de Igrafo y Almacenes Pumarín a cambio de dispensar un trato de favor a dichas empresas.

Según Sorando, «abusando de su cargo», «con la anuencia» de Riopedre y «previo concierto con los representantes» de Igrafo y Pumarín, «dispensaba de forma habitual y sistemática desde hace años un trato de favor» a las citadas empresas, «haciendo gestiones para que se les adjudicaran continuamente obras y servicios públicos, no sólo de los contratos menores de adjudicación directa, sino incluso de los de cuantía superior, simulando en éstos la concurrencia de empresas a través del mecanismo de hacer figurar como que existían tres ofertas, cuando en realidad eran todas de empresas vinculadas con los grupos empresariales de los otros acusados». El juez añade que María Jesús Otero firmó además una batería de propuestas de resolución «para el pago de facturas a sabiendas de que tales eran ficticias». Esas facturas -que supuestamente eran para abonar obras y equipamientos que nunca se llevaron a cabo en centros educativos de la región- suman 1.297.662 euros.

El auto de Sorando también recoge que, «atendiendo a las intervenciones telefónicas efectuadas» a María Jesús Otero y «a uno de los empresarios con el que tenía los chanchullos y le pagaba los sobornos», se refleja que «es ella la que le da instrucciones de cómo tienen que presentar la documentación para que el expediente parezca correcto y le dice cuál tiene que ser la oferta ya de antemano ganadora», hasta el punto de que «parece ella la jefa y él el subordinado». La documentación intervenida, según el juez, «demuestra los continuos cobros recibidos a lo largo de los años de estas empresas, directamente y a través de un entramado de sociedades controladas por ella».

El magistrado dice, entre otras cosas, que Otero intentó justificar los cobros de las empresas «con la historia de que les vendió un piso y le pagan desde 2005». El auto refleja que «la acusada ha pretendido justificar tales cobros simulando facturas por prestaciones de servicios, pero lo único que se ha acreditado es que tales sociedades nunca prestaron los supuestos servicios, pues o no tenían actividad o nunca prestaron servicios a los que pagaban los sobornos». «Eso sí, era ecuánime y a todos cobraba por igual: las sumas cobradas de Pumarín y de Igrafo coinciden al céntimo», dice el juez. Sorando asegura que «incluso llegó a otorgar a posteriori una escritura simulada de elevación a público de una supuesta venta no escriturada -"cuando desde Cajastur ya le habían dado el soplo de que estaba siendo investigada por la justicia", matiza- con la finalidad de intentar disfrazar los sobornos como pagos por tal supuesta venta», una maniobra «que podría haber funcionado si no fuera porque en las intervenciones telefónicas ya se había constatado que estaba planeando recurrir a este truco, aunque el coacusado era bastante escéptico sobre que colara y decía textualmente: "Es una exageración lo que pretende hacer, porque hacer un contrato con fecha 2006 y empezar a cobrar en el 2000, no se lo cree nadie"».