El auto de procesamiento del juez Ángel Sorando hace un multimillonario inventario de nombres y cantidades, de regalos y favores a cambio de contratos, el «doy para que me des» que sustancia la supuesta actividad delictiva de algunos de los cinco empresarios procesados en la trama. Las dádivas por contratos constituyen una parte del «modus operandi» que, al entender del juez, justifica el encausamiento de Víctor Manuel Muñiz, gerente de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín, que comparten con los otros tres administradores de compañías implicadas el cobro por la prestación de servicios no ejecutados. El trío que completa el quinteto está formado por Antonio José Azorín, gerente de Nora Proyectos e Ingeniería; Roberto Calvo, de Rolan Comunicaciones, Asac y Aicom, y Maximino Fernández, socio de Calvo en Asac.
Los regalos y favores de Igrafo y Pumarín a funcionarios y cargos públicos de distintas administraciones eran una práctica ejecutada «de forma habitual y sistemática desde hace años y hasta 2010», según el juez. Las sumas de los importes de las donaciones de ambas compañías, que abarcan desde el pago de servicios de fontanería u obras en domicilios particulares a viajes y coches, pasando por bonos de regalo en grandes almacenes, se miden en millones de euros y el auto menciona expresamente once destinatarios de regalos de Igrafo y dieciocho de Almacenes Pumarín, altos cargos del Principado, varios ayuntamientos o la Universidad de Oviedo.
En las dos largas listas coincide, además de José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero, Marta Renedo y algunos de sus familiares -la sobrina de Otero y el hijo de Riopedre-, Francisco Javier Juárez, ex encargado de compras menores en el Ayuntamiento de Mieres, que habría recibido más de 20.000 euros de Igrafo y más de 42.000 de Almacenes Pumarín. Además, por las cuantías de lo supuestamente obtenido de la trama figurarían asimismo el ex director de la Escuela Politécnica de Mieres Antonio Bernardo, que figura en el auto con casi 67.000 euros de Igrafo en obras o viajes, y Arturo Verano, ex director general de Recursos Humanos en la Consejería de Educación, con «al menos 31.800 euros» por la compra de un coche a cargo de Almacenes Pumarín.
El auto cataloga asimismo los servicios en centros educativos que Igrafo y Almacenes Pumarín «cobraron sin haber prestado», «previo concierto» con diversos funcionarios, dando forma a un modelo de funcionamiento delictivo en el que, según el juez, coinciden con las otras empresas implicadas. Así, Nora habría cobrado por una obra de sustitución de ventanas en el instituto de Cangas de Onís que en realidad ejecutaron los alumnos del centro, y Rolan, Asac y Aicom sumarían más de 128.000 euros en cobros por servicios no prestados hasta 2007.
