A pesar de que la comisión para la reforma del reglamento de la Junta General se reunió ayer y lo seguirá haciendo a lo largo del mes de julio, los grupos parlamentarios no tendrán listo el texto final de modificación hasta el próximo año. La modificación no estará lista para su votación hasta los dos próximos períodos de sesiones, como mínimo. Así lo señaló ayer el presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, al final del encuentro con todos los grupos. Los representantes de los diferentes partidos se pusieron de acuerdo en rechazar que ningún diputado de la Cámara tenga que dimitir en caso de estar imputado.

Este nuevo retraso choca con las intenciones de Foro Asturias y el Partido Popular. Ambas formaciones señalaron que el período de trabajo no debería de prolongarse más de un año. «Esto genera más obstáculos que facilidades a los grupos parlamentarios», comentó Mercedes Fernández, presidenta de los populares.

La comisión funciona al margen de los períodos ordinarios y extraordinarios de las sesiones plenarias y del resto de grupos de trabajo. Por ello, los partidos políticos han decidido reunirse una vez al mes. A pesar de esta dilación, el tema sobre el sistema de retribuciones y dietas de los diputados estará listo a lo largo del mes de julio, ya que el reglamento que está a debate no es el encargado de regular los sueldos de los diputados, sino que se recoge en las percepciones y apoyos económicos de la Junta.

Desde el inicio de la comisión, el ánimo de todos los partidos políticos es revisar cada uno de los títulos de forma exhaustiva, para adecuarlo a la realidad actual. Para Sanjurjo, esto es debido a que el «trabajo que se está realizando es interesante, pero también con una dilación temporal importante». El texto que se quiere reformar se modificó por última vez en 1997. Con esta nueva comisión se pretende que el texto tenga una mayor agilidad y esto se vea reflejado en la actividad ordinaria de la Junta General.

En la reunión de ayer, se consiguió la unanimidad de todos los grupos políticos en torno a los asuntos relacionados con la suspensión y pérdida de la condición de diputado. Un parlamentario autonómico podrá perder su acta cuando se le aplique el régimen interno de la Cámara tras cometer un acto que vaya en contra de los principios establecidos, cuando exista un auto firme de procesamiento y, por último, cuando un juez dicte sentencia contra un diputado. A pesar de su discusión durante la comisión de ayer, los grupos parlamentarios no están por la labor de reformar este título.

Por lo tanto, cuando a un diputado se le impute dentro de un proceso jurídico, no tendrá la obligación de dimitir, sino que podrá mantener su cargo hasta que se le abra juicio oral. A este respecto se refirió Sanjurjo, que además de presidente de la Cámara regional es el máximo responsable de la comisión encargada de modificar el reglamento. «Hay opiniones, pero en general los grupos consideran que el reglamento actual contempla todos los supuestos y, por tanto, hay una opinión mayoritaria de dejar el articulado tal y como está», dijo.

Para ejecutar los cambios se ha pedido la opinión a los órganos jurídicos de la Junta, que plantean llevar a cabo un total de 90 modificaciones. Hasta el momento, sólo se han debatido los tres primeros artículos (que tienen que ver con el ámbito político de la Junta General del Principado) de los 279 que forman el reglamento. El resto se irá «reflexionando de una forma profunda», según indicó Pedro Sanjurjo. La próxima reunión de trabajo de la comisión está fijada para el lunes 22 de julio, ya que los diputados que la integran no tienen previsto reunirse durante todo el mes de agosto.