«Constitucionalizar el federalismo existente». El cimiento de la arquitectura territorial del Estado cabe en esa frase que Javier Fernández deslizó en el inicio de su conferencia de ayer en Madrid. Extraído casi textualmente del argumentario que los barones del PSOE aprobaron el pasado sábado 6 en el comité territorial de Granada, el mantra sostiene que la solución es pasar al papel de la Carta Magna el funcionamiento federal que ya ha adquirido de hecho el Estado español.

El presidente del Principado resumió ahí el mandamiento que defiende su partido respecto a la organización de España. Fue y vino de la Historia a buscar el origen de la teoría federal y, antes de retratarse como un defensor poco entusiasta del sistema, lo planteó como la única respuesta posible al «síndrome de fatiga territorial», al «desgaste por rozamiento provocado por las holguras de un modelo sometido a revisión permanente y al que apenas se le ha dado tiempo para que decante el poso necesario».

España, ese Estado federal sin una Constitución federal, necesita, al decir de Fernández, esta fórmula que plantea el federalismo como «la antítesis del nacionalismo y la mejor manera de compartir el poder político entre los diferentes territorios del Estado», que «no es una ideología» y a la vez contiene la receta para conjurar el estrés provocado por el rebrote independentista catalán.

El presidente del Principado proclamó su «recelo cosmopolita hacia todos los nacionalismos» un instante antes de plantear lo federal como bálsamo contra las fricciones que provocan. Según la letra de lo defendido ayer por el líder socialista asturiano, «gran parte del catalanismo, que aparece a veces como un nacionalismo de límites imprecisos, aún puede acomodarse a un perfeccionado modelo federal si actuamos antes de que se consoliden en Cataluña dos comunidades diferenciadas por su relación sentimental con España».

Quiere, dijo, un modelo basado en la «lealtad» de las partes entre sí y con el todo, fundamentado en la búsqueda de un amplio consenso sobre la batería de reformas que Fernández enumeró al final de su discurso. Eran básicamente las del comité territorial del PSOE, eludiendo alguna, como la relativa a la justicia y a la transformación de los tribunales superiores de las comunidades autónomas en la última instancia jurisdiccional. A saber: la muy repetida «constitucionalización» del federalismo; la delimitación precisa de las competencias que corresponden a cada Administración, el Senado como auténtica cámara de representación territorial -sin entrar en si los senadores deben ser designados por los parlamentos o por los gobiernos regionales- y la financiación. En este último punto, Fernández definió su modelo de «federalismo solidario» defendiendo una vez más el modelo de «ordinalidad» que proponen los socialistas en su proyecto de financiación autonómica. «No se trata de dar más a quien más recauda», aclaró, sino de que «una comunidad no descienda en el "ranking" autonómico de renta per cápita después de que sus ciudadanos hayan contribuido a la solidaridad territorial. Ése es un punto razonable de encuentro».