«Si la nena se va, la matan»

María Luisa Alonso está inmersa en una lucha para evitar que la niña senegalesa que tiene en acogida desde hace cuatro años sea devuelta a su país, como pretende la Consejería de Bienestar Social. Es el último capítulo en una historia que ha llevado a esta mierense a enfrentarse a numerosos obstáculos. Alonso se quedó con la niña, a la que quiere «como a una hija», tras denunciar agresiones por parte del padre. Asegura que la pequeña no quiere volver a Senegal por nada del mundo y teme por el futuro que le pueda esperar en su retorno. Además, cuenta con un documento en el que la madre de la menor, desde Senegal, le concede su tutela. Por si fuera poco, la niña está plenamente integrada en Mieres, donde consigue buenas notas en el colegio y destaca jugando al baloncesto.

Todo empezó en 2009, cuando Alonso ayudó al padre de la pequeña, que entonces tenía 6 años, a traerla a España, y la acogió en su casa. En principio, solicitaron un permiso para que se quedara tres meses en el país, ya que él iba a casarse con una mujer española, de modo que podría conseguirle la nacionalidad. Los problemas empezaron pronto. En cuanto la niña llegó a Mieres, su progenitor comenzó a agredirla frecuentemente, según la versión de Alonso, que se enfrentó al hombre. Además, asegura que éste se negó a regularizar la situación de la menor para que ella no denunciara los malos tratos. De hecho, Alonso cuenta que, cuando acudió a los Servicios Sociales para pedir ayuda, le recomendaron «mantener el caso en secreto» para no perjudicar a la niña.

La pequeña pasaba los fines de semana con su padre y volvía a casa «cada vez más rebotada», señala Alonso. Un día, cuando llevaba cerca de un año en Mieres, llegó con marcas en el cuello y, ante la insistencia de su madre de acogida, acabó por confesar que su padre le hacía «cosas feas» y que la «tocaba por la noche», siempre según la versión de la mierense, que denunció los hechos en el Juzgado. El informe forense determinó que no había suficientes pruebas de la agresión y el caso fue archivado, pero se decretó una orden de alejamiento contra el padre.

Bienestar Social determinó que la pequeña estaba en situación de desamparo y concedió a Alonso su guarda provisional. El padre presentó sin éxito una denuncia para que se retirara esta delegación de tutela, e hizo constar su voluntad de que la menor volviera a Senegal.

El pasado abril, la Consejería citó a Alonso para comunicarle la decisión adoptada tras vencer el plazo de la guarda provisional. Se le solicitó su «colaboración en el proceso de repatriación», citando el «respeto a la voluntad de sus progenitores», y se le presentó una propuesta para trasladar a la menor al hogar de unos tíos en Navarra. De esa forma, se permitiría «la vinculación con su familia de origen, su lengua y su cultura» antes del regreso definitivo a Senegal, donde vive su madre, previsto para diciembre.

María Luisa Alonso ha mostrado en todo momento su negativa a colaborar en el proceso. «Si la nena va para allá, la matan», dice, en referencia a las represalias que teme que ejerzan los familiares de su padre por las denuncias. «La cría tiene pánico», asegura Alonso, que añade que la pequeña ha tenido crisis de ansiedad y que ha recibido tratamiento médico por ese motivo. «Si lo que quieren es que esté con la madre, que la dejen venir para aquí; yo estoy dispuesta a acogerla en mi casa», asegura.

Tras mantener contactos con la madre de la menor, María Luisa cuenta como baza a favor con una declaración firmada en la que la progenitora manifiesta su voluntad de concederle la tutela de su hija «hasta que termine los estudios universitarios». El documento está sellado por el Consulado de España en Dakar. La mierense detalla que conseguir esta declaración le supuso «muchos esfuerzos», y que ya trató incluso de traer a la madre a España para que visitara a su hija y aclarase la situación: «Hice dos cartas de invitación, gasté mucho dinero y fue imposible, no dejaban de pedir más trámites y más gastos».

Personal de la Consejería le transmitió a Alonso que el valor legal del documento que envió la madre es dudoso, y que como máximo podría servir como autorización de carácter anual para que la niña esté en Mieres durante el curso escolar, volviendo a Senegal en verano. «¿Qué más pueden querer?», se pregunta la mierense, que quiere también que se le permita a la niña prestar declaración. Ahora tiene 10 años, una edad insuficiente para hacerlo, pero existen informes médicos que certifican que su edad ósea y su desarrollo se corresponden con unos 13 años, por lo que podría haber un desajuste en su partida de nacimiento.

María Luisa Alonso tiene de su lado al colegio de la niña, la asociación de madres y padres del centro y los equipos de baloncesto donde juega. Algunos de sus integrantes se han presentado como testigos en el juicio, y todas las instituciones han emitido informes positivos en los que destacan su «actitud excepcional», «conducta ejemplar» y «resultados académicos brillantes». La lucha sigue.