El gobierno del Principado y la patronal de hostelería abrieron una vía de discusión para tratar de disolver sus discrepancias respecto a los preceptos del proyecto legislativo de Atención Integral en Materia de Drogas. A pesar de las divergencias que mantienen en algunos aspectos, el presidente de la asociación de empresarios del sector, José Luis Álvarez Almeida, se dice convencido de que su encuentro de ayer con el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, «abrió una nueva puerta al diálogo, al consenso y a la clarificación de aspectos que se deben ir matizando con el tiempo». Algunos de ellos fueron introducidos ya ayer por el gobierno regional, que quiso aclarar, por ejemplo, que las bodas tienen la consideración de «actos privados» y que como tales quedan fuera del ámbito de aplicación de la regulación autonómica. Según ese planteamiento, no se aplicarían a las celebraciones nupciales las restricciones que establece la ley sobre la promoción del consumo de bebidas alcohólicas mediante estrategias como la «barra libre».

Ese matiz abre otros debates. Si las bodas tienen esa consideración de festejos privados, «las fiestas de Nochevieja son públicas», afirma Almeida, «y [el consejero] ya dijo que ahí no lo iba a admitir». Al salir de su encuentro con Blanco, el presidente de la patronal expresaba así sus dudas sobre el encaje entre las disposiciones propuestas por la nueva ley regional y la barra libre como reclamo en las fiestas de distinto ámbito. Como quiera que el texto es una propuesta abierta al debate, «vamos a estudiar las alegaciones oportunas y no vamos a bajar la tensión ni el rigor, porque consideramos que el proyecto es una muestra de intervencionismo más sobre un sector del que vivimos muchas familias», asegura.

El representante de los empresarios asturianos del ramo aboga por «no crear alarmismo entre los hosteleros» y entiende que entre los asuntos pendientes de clarificar figuran sobre todo, más que los relativos al consumo de tabaco, los vinculados a las restricciones del alcohol. La patronal considera que «el gobierno trata de regular un sector residual, el del alcohol que consumen los más jóvenes, que se restringe a unos cuantos negocios y dista mucho de ser algo masivo. Pagamos justos por pecadores. Se mete a todo el sector de la hostelería en una regulación que debería medirnos a todos por el mismo rasero».

Una de las cuestiones centrales radica en el precepto de la ley estatal que prohíbe las prácticas que inciten al consumo de bebidas alcohólicas. Es en ese contexto donde encaja el espíritu de la norma regional y su oposición a la promoción del alcohol, dice, con «ofertas, premios, intercambios, sorteos, concursos, fiestas promocionales o rebajas de precios que incluyan las ofertas que se anuncian con nombres como "barra libre", "dos por uno", "hora feliz" u otros similares».