La crisis seguirá haciéndose notar en Asturias y la región tendrá el año que viene un Presupuesto inferior al de este ejercicio, cifrado en 3.808 millones de euros. El Gobierno regional trabaja con esa hipótesis, aunque trata de minimizar el impacto del presumible descenso, motivado por lo apretado del límite de déficit, por la bajada de los ingresos y por lo ajustada que ya está la región en el ámbito de los impuestos, con poco margen de maniobra para el Ejecutivo.
El departamento de Hacienda, con Dolores Carcedo al frente, ya ha cumplido la ronda consultas con los respectivos consejeros y tiene una idea clara de las necesidades de cada uno de los departamentos de la Administración asturiana. Está previsto que la semana entrante, en principio tras el Consejo de Gobierno del miércoles, se conozca el techo de gasto, primera piedra sobre la que construir las cuentas del próximo ejercicio.
En el Principado ya saben cuánto dinero llegará desde Madrid como anticipo a cuenta del sistema de financiación, de donde sale el 75% del Presupuesto regional. Hasta ahora, la Administración aguardaba a que el Gobierno central concretase la parte de la financiación que le corresponde a las competencias como diputación, pero el retraso les ha llevado a trabajar con estimaciones y descartar la espera.
Los indicadores que manejan en Hacienda inclinan al departamento de Dolores Carcedo a inclinarse por vaticinar un techo inferior a los 3.542 millones de este año, una cifra que en el anterior ejercicio se conoció el primero de agosto y que en la Consejería consideran que no debe demorarse más allá de los próximos días.
El límite de gasto se fijará, no obstante, con algunas incertidumbres, a la espera, por ejemplo, de despejar la incógnita en torno a los fondos europeos, pendientes del reparto para el nuevo período 2014-2020. Asturias, en cualquier caso, perderá también por ahí, al haber salido del grupo de regiones consideradas «objetivo prioritario».
Será difícil que ese techo de gasto experimente modificaciones al alza, como ha sucedido este año por los nuevos ingresos que el Gobierno encontró explorando las posibilidades impositivas, como lo fueron el tributo a la banca (30 millones) o la subida en el impuesto de patrimonio, que pasó a entregar 3 millones a la caja regional.
En la sede del Gobierno asturiano se asume que la capacidad de actuación fiscal es «más bien escasa» y además parten con la norma de que no habrá impuestos que lesionen a las economías más desfavorecidas. «El impacto siempre ha sido para los que más tienen, ningún pequeño se ha visto perjudicado», dicen desde los despachos de la Consejería de Hacienda.
En cuanto a ingresos por impuestos, Asturias cuenta con la aportación del de sucesiones y donaciones (120 millones este ejercicio), «que siempre se ha comportado bien», aseguran en Hacienda. El canon de saneamiento (58 millones), el tributo a la banca (30 millones), el de Patrimonio (23 millones) y el de establecimientos comerciales (8,2) conforman el espectro de ingresos tributarios, que se completa con el gravamen de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos (104 millones en la última previsión), pero siempre sujeto al rumbo de la actividad económica. El Gobierno asturiano duplicó además la carga sobre la gasolina, lo que limita el margen de maniobra para el año próximo.
La mayor queja del Gobierno regional a la hora de elaborar el Presupuesto es el límite de déficit que ha marcado para Asturias el Ministerio de Hacienda. Los números negativos del Principado no podrán superar el 1% del Producto Interior Bruto ni este año ni el siguiente.
En realidad, la consejera Carcedo tendrá algo más de holgura que cuando elaboró el Presupuesto actual. Entonces, lo hizo con una previsión de déficit del 0,7%, aunque después, el margen que la Unión Europea concedió a España, abrió el arco hasta el 1,5%. Asturias cerró 2012 en el 1,06%, lo mismo que le piden tras el reparto asimétrico para 2013 y, en principio, un porcentaje idéntico al de 2014, cuando, según comprometió el Ministerio de Hacienda, el modelo volverá a imponer objetivos iguales para todas las autonomías. Por lo tanto, a unos 22 millones de euros por décima, tendría ahora 66 millones de colchón sobre el modelo de las últimas cuentas aprobadas.
De todas formas, en Hacienda calculan que esa diferencia no compensa la previsible caída de ingresos. Dolores Carcedo ya reclamó menor presión, teniendo en cuenta que la Unión Europea concede hasta 2020 para llegar al superávit.
Asturias llevará a los tribunales las decisiones del ministro Montoro en este apartado, basándose en que no respeta la Ley de Estabilidad. Ideológicamente, los socialistas defienden que el Presupuesto ha de servir como herramienta de descomprensión cuando la economía va a la baja. «Deberíamos tener ahora más capacidad de déficit y no cuando todo esté mejor», dijo la consejera tras el último Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Una vez estén claros los números llegará el momento de negociar en el Parlamento. El año pasado, IU y UPyD se pusieron duros al inicio. La coalición de izquierdas se dio por satisfecha con el tributo a los bancos y el partido magenta consiguió algunas de sus peticiones. Ninguna parecía inaccesible. Hasta ahora, han sido socios colaboradores. Y en el Gobierno de Javier Fernández se confía en que así seguirán las cosas.
