Aún no hace muchos años, el tema ambiental carecía de un significado especial, más allá de algo bonito demandado por una pequeña parte de la sociedad, principalmente los ecologistas. De ahí quizá que cuando el Ayuntamiento de Gijón, hace ya unas décadas, decidió dar un merecido premio a un significado militante que sufrió en su día las represiones del anterior régimen, se le adjudicó la concejalía de Medio Ambiente, pensando que sus responsabilidades de gestión no irían más allá de controlar a los patos del parque de Isabel la Católica.

Error. Al cabo de unos meses, el viejo luchador y responsable medioambiental de la ciudad de Gijón manejaba el presupuesto más poderoso del Ayuntamiento y condicionaba, por la gestión administrativa que tiene todo lo ambiental, a buena parte del resto de departamentos municipales. Obviamente, duró poco en el puesto.

En los últimos meses, Asturias ha sido escenario de las primeras condenas -algunas de ellas con resultado de pérdida de libertad, es decir, de ir a la cárcel de cabeza- por la ejecución de sentencias judiciales en donde los encausados aparecieron como causantes de delitos ambientales. Y quizás el día de hoy estos hechos llaman tanto la atención que incluso aparecen públicamente como reprobables estas condenas, precisamente por seguir considerando que lo ambiental no es trascendente.

Hace unos años me presenté a uno de los anteriores alcaldes del concejo de Ponga con la intención de conseguir alguna escuela rehabilitada para crear un centro de estudios de ecología de montaña. Ponga posee valores naturales de tal trascendencia que es un escenario idóneo para tal pretensión. Sin embargo, al alcalde de inmediato no le pareció buena la idea, ya que me espetó: «Aquí no queremos ecologistas...», a lo que le respondí en tono conciliador que, hombre, la política de la Unión Europea y, por tanto, la nacional y autonómica promueven la participación ciudadana en materia ambiental. «¿Quién?», me respondió. «Aquí nadie de Oviedo tiene que venir a meter las narices, y menos de Madrid, ni esos de la Europa...».

En un soplo, el regidor me acababa de largar su discurso de independencia absoluta, quizá pensado que era posible erigir la República de Ponga y trazar una frontera que evitase influencias externas, sin darse cuenta de que Ponga es una parte de Asturias y que como tal sus valores naturales en conjunto son propiedad también de todos los asturianos, de todos los españoles y también de todos los ciudadanos europeos, que, al fin y al cabo, sufragamos hasta el último céntimo con nuestros impuestos prácticamente toda obra pública que se hace en el concejo de Ponga y repercute positivamente sobre sus habitantes.

Por eso, después de que un tribunal de justicia dictase sentencia condenando al alcalde de Ponga por la ejecución de unas obras sin los correspondientes permisos ambientales que no eran de su competencia, creyéndose en la potestad de poseer quizás el derecho de propiedad del concejo, lo único que se ha hecho es aplicar la ley, una ley que de la mano de la fiscalía de medio ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias sólo ha hecho a su vez defender los intereses de todos los ciudadanos de Asturias, de los cuales, sí es cierto, unos valoramos más que otros estos aspectos de defensa del medio ambiente.

Cuando ahora se pide para el condenado Alcalde el indulto, sólo puede ser considerada tal proposición como un insulto a una Asturias que en conjunto valora y reconoce que el patrimonio natural es un bien común, digno de ser conservado y protegido, y yo no dudo que es precisamente la ley lo que marca la diferencia entre lo que es justo y lo que no lo es.