El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha dictado un auto el pasado miércoles en el que da 50 días al Principado para anular más de 300 jefaturas y puestos de responsabilidad en la Administración regional asignados «a dedo» desde 2008, durante la etapa de Vicente Álvarez Areces al frente del Gobierno regional. Este pleito se remonta al año 2009, cuando el sindicato USIPA recurrió el uso abusivo de esa forma de designación por parte del Ejecutivo. El Principado aseguró ayer que acatará esta nueva resolución judicial y precisó que el proyecto para la reforma de la ley de Función Pública, que está en la Junta General para su tramitación parlamentaria, pondrá coto al uso de la libre designación en la Administración asturiana.

El auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA desestima el recurso presentado por los servicios jurídicos contra una providencia dictada en julio pasado que establecía un plazo de 50 días para que el Principado cesara a todos los funcionarios nombrados por libre designación, «a dedo», entre el personal funcionario, desde mayo de 2008: 161 jefes de servicio y un número similar de coordinadores, asesores y analistas, elegidos durante el Gobierno de Areces.

Los abogados del Principado alegaban que el cese sólo podía alcanzar a los afectados por la sentencia y añadieron entre sus argumentos que la Administración regional «busca hallar una solución» al uso abusivo de la libre designación, sancionado por el Tribunal Supremo, con nuevas leyes en materia de función pública. La sala del TSJA, presidida por el magistrado Luis Antonio Querol, rechazó este alegato del Principado y afeó la decisión de la Administración regional de recurrir ese plazo de los 50 días para cesar a los funcionarios nombrados «a dedo» en los siguientes términos: «cualquier duda que pudiera implicar resultaba suficiente con presentar un escrito de aclaración sin necesidad de formular recurso alguno implicando a las demás partes». Los magistrados además de desestimar el recurso de la Administración regional también le impusieron el pago de las costas generadas en este procedimiento.

El Gobierno regional aseguró ayer que acatará el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. La Consejería de Hacienda y Sector Público estudiará de manera inmediata la fórmula para materializar el cumplimiento de la sentencia. Fuentes del Ejecutivo socialista hicieron hincapié en que el proyecto para reformar la ley de Función Pública, que debería debatirse en el Parlamento autonómico en este período de sesiones, «reduce drásticamente» los puestos de libre designación en la Administración asturiana. Las jefaturas de servicio, los puestos de letrado del Principado y los de coordinadores y asesores pasarán a asignarse mediante concurso y no «a dedo». Las mismas fuentes llamaron la atención acerca de que las jefaturas de la actual Administración han sido cubiertas en comisión de servicios, de tal forma que el puesto pueda cubrirse mediante concurso en cuanto salga la correspondiente convocatoria.

José Luis González, coordinador de USIPA, valoró positivamente el auto del TSJA. «Hasta ahora el Gobierno regional se ha dedicado a marear la perdiz. La nueva resolución es concluyente. Los funcionarios nombrados por libre designación para esos puestos tienen que ser cesados para cumplir una sentencia por la que llevamos cinco años peleando y en la que nos ha dado la razón hasta el Tribunal Supremo», destacó el representante sindical.