La catarata de resoluciones judiciales contrarias a los métodos de provisión de puestos de altos funcionarios en la administración asturiana forzó ayer al presidente del Principado, Javier Fernández, a reconocer ante el pleno de la Junta que su gobierno tomó una decisión errónea al optar por la libre designación para nombrar a 144 jefes de servicio. Este modo de proceder es incorrecto, asume Fernández, "a la vista de la decisión judicial" en la que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de anular los nombramientos. La política de provisión de puestos en la administración fue el argumento que escogió ayer el diputado de Unión, Progreso y Democracia, Ignacio Prendes, para estrechar la vigilancia sobre su "socio preferente" y reclamar al jefe del Ejecutivo regional atención sobre el cumplimiento de uno de los pilares que sostienen el pacto de legislatura suscrito entre UPyD y el PSOE, la reforma de la ley de Función Pública.

La sentencia del pasado lunes no era ni mucho menos la primera con los mismos argumentos. "Llovía sobre muy mojado", lamentó Prendes. El parlamentario magenta cuestionó al presidente "si comparte un modelo de administración pública ocupada por el aparato de los partidos" y Fernández se justificó argumentando que "siempre ha sido difícil delimitar lo administrativo de lo político en la administración pública" y mantuvo que en la Relación de Puestos de Trabajo recién tumbada por la justicia "no había ningún afán de manipular ni de convertir la administración en un elemento clientelar del PSOE". El presidente aprovechó su turno de réplica para desgranar el contenido del propósito de reforma de la ley de Función Pública que su gobierno tiene en marcha, para explicar cómo pretende trasladar a los hechos aquel propósito de enmienda que había formulado de palabra.

En el proyecto que ya había anunciado el Ejecutivo, "la libre designación quedará circunscrita a las secretarías de despacho y conductores de consejeros y viceconsejeros y a aquellos puestos de director de centros y establecimientos que requieran una especial confianza y responsabilidad". En cifras, los puestos de libre designación pasarán de los actuales 417 a 157 y en el nuevo número se incluye "el máximo de puestos directivos permitidos por la actual estructura, 72". Los planes del gobierno rebajarán los puestos de libre designación en un 62,35 por ciento para que los cargos "a dedo" sean el 0,78 por ciento de la estructura administrativa.