El nuevo modelo salarial de los diputados no está avalado por informes jurídicos

El texto de las normas reguladoras para las asignaciones de los diputados autonómicos no ha sido objeto de análisis por los servicios jurídicos del parlamento en un informe. El PP mostró su "extrañeza" por esa situación durante el debate que tuvo lugar en el seno de la Mesa de la Cámara. El diputado popular José Agustín Cuervas-Mons planteó la conveniencia de contar con un informe jurídico que avalase el nuevo modelo salarial; máxime cuando en el nuevo sistema se incluye una compensación económica a los diputados para facilitar la conciliación en su vida familiar, una cuestión difícilmente mensurable y cuando algún colectivo de funcionarios ya ha emprendido acciones legales contra las retribuciones de los diputados autonómicos.

El único informe técnico que obra en este expediente es el realizado por el interventor, quien precisó que la nueva asignación complementaria "no tiene el carácter de gastos por viaje y desplazamiento" después de que el PSOE, IU y UPyD acordasen que ese nuevo concepto quedase sujeto al IRPF y no exento, como estaba con anterioridad. El parlamento asturiano es el primero del país en renunciar en bloque a ese "privilegio fiscal", cuestionado por distintos colectivos de funcionarios y por los expertos en materia tributaria. El interventor también añade que el nuevo sistema de retribuciones supondrá un coste total de 2.349.639 euros, una cantidad que está ligeramente por debajo de los 2.351.000 euros presupuestados para este ejercicio, "por lo que el nuevo régimen no supone un incremento del gasto", siempre y cuando no haya variación en el régimen de dedicación de los diputados o en el concejo de residencia que los diputados declaren para el cobro de una asignación complementaria.

El nuevo modelo salarial de la Junta General sustituye el pago a los diputados de un concepto fijo por manutención y estancia, que ascendía a 933 euros exentos de tributar el IRPF, por una asignación básica en la que los sueldos de los diputados se equiparan con los de los altos cargos políticos del Principado, consejeros y directores generales, en función de su responsabilidad. Además, el acuerdo suscrito por el PSOE, IU y UPyD también ha incluido modificaciones en el pago del kilometraje. En el modelo anterior, los parlamentarios regionales recibían una compensación fija por los kilómetros entre su domicilio y su puesto de trabajo en la Junta.

El nuevo sistema retributivo elimina esta dieta a los diputados cuyo domicilio dista menos de 50 kilómetros al parlamento autonómico y crea una nueva asignación complementaria con tres tramos de 250, 450 y 650 euros en función de si el domicilio de los diputados está a 100, 200 ó más kilómetros, en ida y vuelta, de la Junta General. El informe del interventor no se pronuncia sobre los argumentos del PSOE, IU y UPyD para justificar el pago de una cantidad que "no es una indemnización por gastos de viaje y desplazamiento" sino que tiene como fin compensar a los diputados por la repercusión que esos desplazamientos suponen para la conciliación "de su vida personal y familiar". Con este nuevo modelo, los diputados regionales con menor salario son los que no tienen dedicación absoluta como es el caso de la socialista Marina Pineda y del forista Francisco Álvarez-Cascos.

Los diputados del Grupo Popular han mostrado su disconformidad con el nuevo sistema retributivo y han anunciado su renuncia a percibir la asignación complementaria vinculada al kilometraje existente entre su domicilio y el parlamento. El grupo de Foro, que también se desmarcó del nuevo sistema, no ha anunciado ninguna medida, tras criticar el recorte del kilometraje que, a su juicio, limita la actividad de sus diputados.