La lista de procesados por el "caso Marea" adelgaza. El juez Ángel Sorando, que investiga la supuesta trama de corrupción generada en el seno del Gobierno regional de Vicente Álvarez Areces, ha estimado los recursos de 12 de las 29 personas que estaban incluidas en el auto de procesamiento emitido en su día por el magistrado, un documento en el que Sorando enumeraba a los imputados que consideraba sospechosos de haber incurrido en delito y pedía que fuesen juzgados por ello. Entre las personas que ya no serán procesadas se encuentran, entre otros, José Arturo Verano, ex director general de Recursos Humanos en la Consejería de Educación; José Carlos Madera, ex director general de Promoción Cultural y Política Lingüística; Juan Ortiz, ex subgerente del HUCA o Nemesio Alonso Rodríguez, ex director del centro de empresas de Llanes. La lista de excluidos se completa con los siguientes nombres: José Manuel González, Luciano González, Roberto Calvo, Manuel Pascual Vaquerizo, María Teresa Elizari, Juan Carlos González, Ignacio Poncela y María del Pilar Taberna.

En la mayoría de los casos, Sorando sigue insistiendo en que hubo actuaciones ilícitas, como cohecho pasivo, pero el juez refleja en su escrito que muchas de ellas tuvieron lugar en el año 2008 y que en el 2012, cuando se les citó a declarar, ya habían prescrito. Con esta decisión, reduciendo a 17 la lista de los procesados, el juez que instruye el caso allana un terreno que para muchos de los abogados personados en la causa se había puesto muy farragoso. Esos letrados sostienen que el magistrado se había desviado del "núcleo fuerte de la trama" y ahora aplauden una decisión que sirve "para depurar el proceso". La fiscal, Carmen Rodríguez, ya adelantó hace tiempo que su intención es presentar acusación contra sólo seis de los procesados. En el objetivo del ministerio público estarían Marta Renedo, José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero y los empresarios Víctor Manuel Muñiz, Alfonso Carlos Sánchez y Maximino Fernández.

En el escrito de Sorando también figuran los recursos contra el auto de procesamiento que han sido desestimados por el magistrado. Entre ellos, contra el criterio de la fiscalía, está el de Eusebio González, ex gerente de la Universidad de Oviedo, que según el auto "reconoce que las facturas por las obras realizadas en el chalet de su propiedad de Celorio (Llanes) las pagó Igrafo". Aunque González sostiene que después le abonó 6.000 euros a la empresa, el juez afirma que ese movimiento no consta en la contabilidad de Igrafo, por lo que "no cabe sino concluir que fueron favores que se añaden a las cestas de navidad puntualmente anotadas en la contabilidad de Igrafo a un tal Eusebio González García". Tampoco atiende Sorando al recurso de Antonio Bernardo Sánchez, ex director de la Escuela Politécnica de Mieres. "Está bien claro que Igrafo no le hizo los regalos por que sí (...), sino que los favores eran mutuos y recíprocos", recoge el auto.

El magistrado que instruye el supuesto caso corrupto también hace caso omiso a los recursos de los siguientes procesados: José Manuel Fernández González (funcionario de la Universidad), Francisco Javier Juárez (ex jefe de compras del Ayuntamiento de Mieres), Maximino Fernández Álvarez (empresario de Asac Comunicaciones), Alfonso Carlos Sánchez (responsable de Almacenes Pumarín), Isaac Ovies (responsable de piscinas, pistas de tenis y pádel, de la sección de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo), José Villa Cantero (responsable de polideportivos y campos de fútbol, de la sección de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo), María Paz Rodríguez (coordinadora general de Deportes en Oviedo), José Manuel Blanco (profesor de la Universidad) y Susana Vior (jefa de la Unidad Administrativa del Servicio de Medios Audiovisuales de la Universidad).

Además, Ángel Sorando también ha desestimado los recursos de las acusaciones populares representadas por el Bloque por Asturias y el Partido Progresista de Belmonte, que habían solicitado la inclusión de Ana Rosa Migoya entre los procesados del "caso Marea". Entre otras cosas, el auto recoge que las resoluciones ilegales que aparentemente llevan su firma son "fotomontajes". "Es cierto que se han propuesto otros peritajes de parte cuyo resultado aún no se dispone pese al tiempo transcurrido, pero los ya practicados están suficientemente razonados". El juez cree que "el argumento de que Ana Rosa Migoya fue la que nombró a Renedo no es suficiente para hacerla penalmente responsable de los actos ilegales realizados por ésta".

"Manos limpias"

El sindicato-asociación "Manos limpias" ha solicitado personarse como acusación popular en el "caso Marea" cuando cada vez está más cerca el final de la instrucción. En un escrito remitido al juez Ángel Sorando, el colectivo argumenta su decisión explicando que la supuesta trama "está relacionada con la comisión de varios delitos por parte de altos cargos del Principado de Asturias, incluido un consejero".

Por otro lado, Marta Renedo, una de las principales acusadas, volverá a presentarse ante Sorando el próximo miércoles tras ejercer su derecho a no asistir a la indagatoria que estaba fijada en los juzgados de Avilés para hacerlo en Oviedo, delante del magistrado que instruye la causa. Muchos de los abogados personados en el caso aseguran que la funcionaria ha realizado este movimiento "porque tiene previsto volver a declarar".