El sindicato de empleados públicos USIPA ha denunciado a la Administración regional por desviar trabajos reservados a funcionarios a la sociedad pública Serpa. Esta organización sindical ha entablado un pleito contra el Gobierno regional por adjudicar a esa sociedad del sector autonómico veinte contratos, por un importe de unos dos millones de euros, sin que mediase convocatoria pública o publicidad. Esta reclamación judicial forma parte de una nueva estrategia para defender los puestos de trabajo en la Administración asturiana, ante los recortes y ajustes de los últimos años.
USIPA formalizó una denuncia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias el pasado jueves, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, en la que se enumeran veinte contratos encargados a a la Sociedad de Servicios del Principado (Serpa) para "actividades y servicios reservados a funcionarios públicos". Valoración de expropiaciones, seguimiento de programas financiados con fondos europeos, apoyo administrativo para agilizar los expedientes del salario social, gestión de cotos de pesca del Principado, control de programas de desarrollo rural y evaluación de acciones de formación de los planes de empleo son la naturaleza de algunos de los trabajos adjudicados a Serpa que, según la denuncia, entran dentro de los cometidos propios de los funcionarios. El sindicato basa su reclamación judicial en artículos del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y de la ley asturiana de Función Pública donde se recoge que "el ejercicio de funciones que impliquen participación directa en la salvaguarda de los intereses generales de la Administración corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos".
USIPA acusa en su denuncia al Gobierno regional de llevar a cabo "una externalización encubierta de funciones públicas cuyo desenvolvimiento se detrae de los funcionarios públicos para depositarlas en una sociedad mercantil cuyo personal, régimen de control de legalidad y económico financiera distan mucho de ser asimilable al de una Administración pública". La reclamación judicial, defendida por el letrado Eduardo Rueda, sostiene que "presuntamente se está produciendo un vaciamiento de las funciones reservadas a los funcionarios públicos con la consiguiente pérdida de garantía para los ciudadanos que conlleva la imparcialidad inherente a este tipo de servidores públicos".
El segundo sindicato con más implantación en las consejerías del Principado considera que "se está produciendo la creación soterrada de una Administración pública paralela". También se queja de la opacidad de esas adjudicaciones. Los encargos al Serpa se realizan y tramitan "presuntamente de forma secreta", sin otorgar ningún tipo de publicidad en el BOPA "y careciendo de las más mínima transparencia en los encargos y en las tarifas que la empresa percibe", indica el sindicato.
José Luis González, coordinador de USIPA, justifica esta denuncia como una nueva estrategia para evitar la amortización de puestos de funcionarios: "Los sindicatos tenemos que espabilarnos en la búsqueda de nuevas vías para defender nuestros derechos. Las manifestaciones no sirven para nada. Tenemos que pararle los pies a la Administración; por eso animamos a los trabajadores a que nos hagan llegar cualquier situación que consideren irregular", esgrimió González.
Contratos en cuestión
-Valoración de expropiaciones en obras de la Junta de Saneamiento: más de 375.000 euros.
-Expedientes de obras hidráulicas: 650.000 euros.
-Contro de ayudas financiadas por el Fondo Europeo Agrícola: más de 100.000 euros.
-Evaluación de acciones formativas: más de 55.000 euros.
