La investigación de irregularidades en la política regional - El frente judicial

El TSJA abre juicio oral al portavoz de IU en la Junta por un delito de prevaricación

La Fiscalía pide 7 años de inhabilitación para Ángel González, que rechaza dimitir, mientras que su coalición niega que el caso de los monolitos sea "corrupción" - La investigación de irregularidades en la política regional

16.10.2013 | 17:08
Ángel González, en las dependencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en una imagen de archivo.
Ángel González, en las dependencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en una imagen de archivo.

El portavoz parlamentario de IU, Ángel González, será juzgado por un delito de prevaricación administrativa, por el que la Fiscalía le pide una pena de 7 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. La sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dictó ayer un auto en el que decretó la apertura de juicio oral al ex viceconsejero de Bienestar Social y al funcionario Roberto Moro por tramitar la adquisición de monolitos conmemorativos de las víctimas de la Guerra Civil, en 2010, como un contrato menor de suministros en vez de por un procedimiento negociado, en contra del criterio de la jefa del servicio de asuntos la Consejería de Bienestar Social.

La dirección de IU de Asturias ha descartado adoptar medidas con su portavoz, a la espera de que la vista oral demuestre que la actuación de su dirigente "fue regular y ajustada a la ley" porque, aseguran, "no es un caso de corrupción". Ángel González, aforado por su condición de diputado autonómico, no piensa dimitir porque "no hay ninguna actuación ilegal o irregular. La acusación se basa en la afirmación falsa de una funcionaria, esa es la única apoyatura del fiscal".

El portavoz de la coalición aseguró que la apertura de juicio oral no ha supuesto "ninguna sorpresa" e insistió en una argumentación que ha repetido desde marzo, cuando trascendió el inicio de este proceso: "bajo ningún concepto voy a aceptar que nadie compare con otros ladrones y corruptos", se defendió González, quien añadió que "no ha habido ningún interés particular de nadie, ni se ha perjudicado a la Administración".

El fiscal sostiene que hubo una "decisión arbitraria de un político"

El magistrado de la Sala Civil y penal José Ignacio Pérez Villamil ha decidido la apertura de juicio oral a Ángel González y al ex secretario general técnico de Bienestar Social, Roberto Moro, a quien el fiscal pide la inhabilitación para ejercer una jefatura en la administración durante un período de 5 años, tras desestimar los recursos presentados por las defensas.

La Fiscalía considera que Ángel González pidió al administrador de la empresa New Construction "que presentase su presupuesto para la adjudicación de un contrato menor de obras, acompañado con el presupuesto de otras dos empresas que él entendiese convenientes" para la entrega y colocación de 76 hitos conmemorativos de fosas comunes de la Guerra Civil. Ese encargo, según recoge ahora el auto la sala civil y penal del TSJA, se realizó "´´para cubrir el expediente´´ de la posterior adjudicación por el procedimiento de contratación menor de obras.

Después de que el representante de New Construction presentase en Bienestar Social tres sobres con las propuestas de su empresa y de Contratas Aurelio Quirós y Nemesio Beda Construcciones, la documentación llegó a la jefa de servicio de asuntos generales, "con la indicación de que preparase el contrato y la adjudicación". Dicha encomienda "se practicó sin respetar el cauce" habitual de ese departamento, recoge el auto.

La jefa de servicio advirtió al secretario general técnico que esa actuación debía tramitarse como un contrato de suministros, a tramitar por el procedimiento negociado sin publicidad, postura que fue aceptada por su superior. Pero cuando la funcionaria ya redactaba esos pliegos, el viceconsejero, siempre según el relato del fiscal incluido por el juez en el auto que da luz verde al juicio oral, se presentó en su despacho y "le dijo que resultaba imposible tramitarlo por un procedimiento negociado porque eso llevaría mucho tiempo y él quería hacerlo ya". Tras esa discusión, que el portavoz de IU niega, la contratación, "se produjo como quería el viceconsejero, mediante una tramitación interna en contradicción con las normas internas de la consejería y que concluyó con un fraccionamiento ilegal de contrato, que únicamente se produjo por la decisión arbitraria de un político".

El Principado abonó los 76 hitos contratados pero, según el auto, "más de 40 de los monolitos suministrados no han sido colocados ni utilizados para señalizar ninguna fosa", concluye el auto de apertura de juicio.

Enlaces recomendados: Premios Cine