El Gobierno regional recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que anula el nombramiento de doce directores generales por no ser funcionarios de carrera del grupo A. La decisión del ejecutivo socialista permite eludir el cese inmediato de un tercio de los directores generales del Principado, que en su mayor parte son los que presentan un perfil político más marcado. El sindicato que promovió el pleito y lo ganó en primera instancia, Usipa, solicitará la ejecución provisional de sentencia. La decisión de la sala de lo Contencioso-Administrativo que consideró arbitrario el uso de la excepcionalidad por parte del ejecutivo asturiano para designar a directores generales que no son funcionarios públicos también fue valorada ayer por la oposición, que emplazó al Principado a cumplir la ley.

La sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dió por buenas las justificaciones que el ejecutivo de Javier Fernández realizó para motivar la designación de siete directores generales (cinco de la consejería de Economía, la dirección de Política Lingüística y la Agencia de Cooperación al Desarrollo) que no eran funcionarios de carrera pero rechazó las esgrimidas para otros doce altos cargos porque "son insuficientes las motivaciones para acreditar la elección de las personas que ocupan estos departamentos", según reconoció ayer el Principado. Los magistrados argumentaron que la excepcionalidad para motivar el nombramiento de un director general que no sea funcionario del grupo A "no puede identificarse con el libre albedrío y menos con la arbitrariedad", según consta en el fallo que avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA.

El ejecutivo socialista ante esa sentencia tenía dos salidas: acatarla y cesar a más de un tercio de sus 35 directores generales o recurrirla en casación ante el Supremo. El Principado confirmó a primera hora de la tarde que agotará las posibilidades de recurso ante el alto tribunal, una medida que le permitirá evitar el cese inmediato de buena parte del "músculo" político del segundo escalón de la administración regional, cuya estructura está formada por 8 consejerías, dos viceconsejerías y 35 direcciones generales. Los titulares de buena parte de las direcciones generales anuladas por el TSJA tienen un marcado perfil político al haber desempeñado anteriormente puestos institucionales o por haber estado vinculados a entidades públicas. Begoña Serrano, actualmente directora de Emigración, ha trabajo en la fundación José Barreiro, de la Federación Socialista Asturiana, antes de pasar al primer plano de la política; Carmen Sanjurjo, directora del Instituto de la Mujer, fue senadora por Asturias en la anterior legislatura; Francisco José Balmori, director general de Administración Local, fue concejal en Llanes; José Ramón Tuero, director de Deportes, fue edil en Gijón y Ana Rivas, ahora directora de Vivienda, en el ayuntamiento de Oviedo antes de llegar a la administración regional; Clara Costales, la responsable de Atención a la Dependencia, ha sido diputada autonómica en dos legislaturas anteriores y el director general de Infraestructuras, Juan Fernández Pereiro, fue alcalde de Valdés y anteriormente director general de Vivienda. El resto de nombramientos anulados son los del director de Transportes, José Manuel Caldevilla; de Política Forestal, José Manuel Caldevilla; de Recursos Naturales, Serafina Álvarez y de Pesca Marítima, Alberto Vizcaíno.

El Gobierno asturiano ha encargado a los servicios jurídicos del Principado que recurran la sentencia del TSJA porque, en su opinión, en cada uno de esos nombramientos "se ha justificado adecuadamente la posibilidad de dispensar de la exigencia de condición de funcionario de carrera con titulación superior". La decisión del Supremo sobre este recurso puede demorarse más allá de la presente legislatura, según confirmaron fuentes jurídicas consultadas por este periódico, por lo que su resultado resultaría extemporáneo. El sindicato Usipa, que entabló este pleito, pedirá ante el TSJA, la ejecución provisional de la sentencia. "Ya llueve sobre mojado. Estamos seguros de que el Gobierno regional recurrirá porque es práctica habitual. De hecho, uno de los nombramientos anulados, el de Ana Rivas, es reincidente, porque ya se dió la misma situación cuando el gobierno de Areces la designó directora general de Seguridad. Entonces también recurrieron ante el Tribunal Supremo, que volvió a darnos la razón", asegura José Luis González, coordinador de Usipa.