La constitución de los ayuntamientos democráticos consolidó la administración local como la institución con mayor arraigo en nuestra ordenación política y territorial, el cauce más próximo de la ciudadanía para representar su voluntad y la administración con mayor capacidad de responder a sus necesidades. Treinta y cuatro años después, siguen siendo la administración mejor valorada.
Esta capacidad para planificar el futuro desde la cercanía motivó la asunción de nuevas competencias por parte de los ayuntamientos para dar respuesta a las demandas sociales, lo que permitió alcanzar un nivel de desarrollo económico y calidad de vida sin precedentes en nuestra historia. Los ayuntamientos se consolidaron como administraciones esenciales para avanzar en la igualdad de oportunidades y la consolidación democrática de nuestro país.
Por todo ello, es difícilmente comprensible que un Gobierno, en un momento de dificultades en el que la sociedad exige avanzar hacia nuevas concepciones de democracia, impulse una reforma de la ley de Bases del Régimen Local como la que conocemos. Una reforma que modifica el ordenamiento competencial de nuestro país, aleja la administración de la ciudadanía, pone en grave riesgo la calidad de los servicios públicos y reduce la eficacia en la respuesta a las demandas ciudadanas.
De igual forma, es muy difícil comprender cómo el Gobierno puede apelar a la reducción de deuda de las administraciones públicas para motivar esta reforma. Especialmente cuando sabemos que los ayuntamientos somos la administración con menor deuda de España y hemos logrado alcanzar el superávit financiero.
Compartimos la necesidad de ordenar y asignar las competencias impropias como un objetivo prioritario, pero nunca a través de las imposiciones del actual Gobierno de España y mucho menos con la pretensión de suprimir el criterio de proximidad con la ciudadanía, imponer límites a la calidad de los servicios prestados y abrir la puerta a su privatización.
El actual anteproyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local elimina competencias fundamentales para responder a las necesidades de las personas con mayores dificultades. Por ejemplo, la prestación de los servicios sociales, la promoción de la igualdad de oportunidades, las políticas activas de empleo, la ayuda a domicilio, la teleasistencia o el mantenimiento de los centros sanitarios asistenciales autonómicos y las escuelas infantiles. Servicios y necesidades que ninguna administración conoce como el ayuntamiento. El anteproyecto de ley reserva al Estado y a las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, la posibilidad de que éstas sean delegadas a los ayuntamientos si lo estiman oportuno.
¿Qué supone esta reasignación de competencias?
1. En primer lugar, usurpa la capacidad democrática de los municipios de decidir sobre el nivel de prestación de sus servicios públicos e incluso sobre el tipo de políticas que decide aplicar en su territorio, lo cual supone un grave retroceso democrático.
2. En segundo lugar, elimina el principio de proximidad en la prestación del servicio y se vulnera el artículo 4.3 de la Carta Europea de Autonomía Local: "El ejercicio de las competencias públicas, de modo general, debe incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos. La atribución de una competencia a otra autoridad debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o las necesidades de eficacia o economía". Pero no al revés, como establece el actual anteproyecto de ley, al eliminar de antemano estas competencias a los ayuntamientos para posteriormente abrir la posibilidad de la delegación.
3. Y, en tercer lugar, se impone un límite a la calidad de los servicios públicos en nombre de la sostenibilidad económica y bajo el pretexto de las dificultades financieras de la administración, que derivará en un progresivo empobrecimiento de todos los servicios. Se estima que con este cambio competencial se pueden destruir más de 200.000 empleos. Y abre la posibilidad de la gestión privada de los servicios públicos.
Es evidente que este anteproyecto de ley tiene un claro y profundo cariz ideológico. Por ese motivo, el Gobierno de España y el Partido Popular han minimizado cualquier posibilidad de diálogo en las administraciones. Una muestra es la negativa de la junta de gobierno de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), con el voto de los representantes del Partido Popular, a celebrar una asamblea de alcaldes donde debatir y acordar la reforma más adecuada para responder a la realidad local. Un encuentro imprescindible, pues muchos de los municipios donde el Partido Popular tiene la responsabilidad de gobernar han manifestado serias dudas sobre la concepción de este anteproyecto de ley.
Desde el PSOE hemos presentado una propuesta alternativa que busca el consenso de todos los grupos y administraciones. Es necesario un gran acuerdo que no se ciña al partido del Gobierno. Estamos ante una reforma fundamental en nuestra estructura territorial competencial que exige un amplio consenso, tanto en el Parlamento como de las administraciones implicadas.
A ese acuerdo apelamos la mayoría de alcaldes y alcaldesas de nuestro país, frente a la imposición en la que se ha instalado el actual Gobierno de España.
