El alcalde de Cangas del Narcea mantendrá a su asesor, imputado en el "caso Pokémon"

Tanto Guerrero como Fernández están imputados dentro de una de las nueve piezas separadas en las que De Lara ha dividido el "caso Pokémon". Fontaniella dejó ayer bien claro en un programa radiofónico que su asesor sigue contando con su confianza y que va a seguir en el cargo.

El comunicado del alcalde cangués esgrime que la inexistencia de esos supuestos contratos "viene plenamente acreditada por los informes emitidos por tres funcionarios municipales de forma separada", en referencia al secretario municipal, al interventor y al técnico de contratación. Además, añade que "es imposible que se pueda manipular o amañar algo que no existe".

El último auto de Pilar de Lara -que investiga la presunta trama de corrupción con epicentro en varios ayuntamientos gallegos y ramificaciones en varios puntos de España- no hace referencia a ninguna empresa que haya podido ser beneficiada ni dice que esos contratos se hayan llevado a efecto, sólo se limita a resaltar que Carlos Guerrero y Joaquín Fernández, "además de otras actividades presuntamente ilícitas", se habrían "concertado para la redacción de informes favorables a sus respectivos intereses", es decir, que presuntamente podrían haberlo intentado. En otro escrito de la juez, que publicó LA NUEVA ESPAÑA en exclusiva el pasado mes de marzo, la magistrada sí recoge que al menos hubo un intento de "manipular un concurso" en Cangas del Narcea en el que supuestamente participaron los dos ex cargos del Partido Popular. La juez nunca mencionó a ninguna otra persona que tenga que ver con el Ayuntamiento cangués ni con el partido.

Pilar de Lara recogía en aquel auto que "se han advertido contactos" de Alex Ros -el administrador de la firma catalana GRS ARS Local- "con la persona de Joaquín Fernández (...) con la finalidad de tratar de manipular un concurso en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea". Según ese escrito, el Consistorio cangués disponía, en el momento en el que se realizaron las investigaciones, a las que no se pone fecha, "de un presupuesto para la contratación de la gestión de tráfico y multas solicitado a la firma Vialine, que ha sido identificada como una sociedad de reciente creación de nombre Vialine Gestión". A pesar de ello, "y una vez que Joaquín Fernández conoce a Alexander Ros, entre ambos y Carlos Guerrero realizan estudios y propuestas destinadas a que el contrato se gestione por el procedimiento de negociado sin publicidad". La juez sostiene que entonces se solicitaron "tres presupuestos a tres empresas", siendo éstas Vialine, GRS "y otra que sería facilitada por Vialine (sin conocer la finalidad) o por la propia GRS", recoge literalmente el escrito. De esta forma, la firma GRS jugaba con las cartas boca arriba, ya que, según la juez, "conociendo los presupuestos de las otras dos" siempre sería la empresa catalana "quien presentaría un presupuesto más bajo" para hacerse con el contrato.

El auto dictado en febrero por la juez añade que "Joaquín Fernández actúa como intermediario entre la empresa GRS (Alexander Ros) y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea (Carlos Guerrero) y así informa a Alexander de las conversaciones que mantiene sobre este asunto con Carlos Guerrero". El administrador de GRS, Alex Ros, está acusado de lograr adjudicaciones de distintas administraciones públicas en varias provincias españolas "mediante la realización de sobornos en sus diversas modalidades", según la juez.

El comunicado emitido ayer por el alcalde de Cangas del Narcea añade que los informes de secretario municipal, el interventor y el técnico de contratación "han sido remitidos ya al juzgado". Así, el Ayuntamiento Cangués confía "en que sean examinados por la juez lo antes posible ante la contundencia de sus contenidos exculpatorios y, consiguientemente, sea decretado el archivo y el sobreseimiento inmediato". El texto recalca que "no existe absolutamente nada en esta corporación municipal relacionado con la mencionada empresa GRS, que ni la conocemos ni jamás ha presentado oferta alguna en este Ayuntamiento -por el de Cangas del Narcea- tal y como se certifica por la propia secretaria municipal".

Según sostiene José Luis Fontaniella, "lo único que resulta relevante de esa resolución", en referencia al último auto de Pilar de Lara, "es la separación de la investigación de los asuntos concernientes al Ayuntamiento de Cangas del Narcea en una pieza separada de las principales de la operación "Pokémon" que se sigue en Galicia con las que no tiene nada que ver, ciñiéndose pues la investigación al ámbito territorial de este concejo, y darnos así la razón a este ayuntamiento que en todo momento negó cualquier vinculación", recoge literalmente el comunicado.

En la misma pieza en la que están imputados Joaquín Fernández y Carlos Guerrero también lo están el citado Alex Ros (GRS ARS Local) y José Luis Míguez, ex delegado de Aquagest en Compostela. Ambos fueron enviados en su día a la cárcel por la juez de "Pokémon" y ambos están imputados en varias de las piezas en las que se ha separado el caso.

Los partidos de la oposición en Cangas del Narcea exigen que se depuren responsabilidades. IU pide la dimisión de Carlos Guerrero y José Luis Fontaniella.