El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado hoy un proyecto de presupuestos para Asturias que se eleva a 3.910 millones, lo que representa un incremento del 2,61 por ciento respecto al del ejercicio anterior, según ha anunciado la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo.

De dicha cantidad, 2.616 se destinarán a gasto social.

El proyecto, que contempla una inversión de 328 millones de euros, incorpora como novedad fiscal la modificación del mínimo exento de la base liquidable del impuesto de patrimonio que pasa de 700.000 a 500.000 euros, única propuesta de Izquierda Unida recogida por los socialistas en el texto.

Carcedo ha dado estos datos en rueda de prensa tras hacer entrega del proyecto presupuestario al presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo, en la sede del Parlamento regional.

El texto iniciará ahora su tramitación en la Cámara asturiana, que debería aprobarlo antes del 31 de diciembre aunque ésta no está garantizada al no haber alcanzado el PSOE un acuerdo previo en sus negociaciones con IU y con UPyD, cuyos votos permitieron que salieran adelante los presupuestos de 2013.

Carcedo ha abogado además porque conciten "el acuerdo suficiente" en la Junta dado que, para Asturias, sería "lo mejor" disponer de un presupuesto que, ha subrayado, "da opciones a los ciudadanos" y ofrece las mayores posibilidad para mantener el bienestar social y ofrecer oportunidades de empleo y de reactivación económica.

En cuanto a la posible prórroga presupuestaria, la consejera ha apuntado que ésa no es la mejor opción para Asturias dado que supondría disponer "de muchísimos menos recursos", que no ha cuantificado, y generaría además "retrasos" en los procedimientos "en un momento en que se pide mayor agilidad".

Por el contrario, ha apuntado, la aprobación de los presupuestos permitiría a Asturias situarse "en las mejores condiciones posibles para iniciar la recuperación" pese a que su elaboración sigue marcada por una coyuntura de crisis que determina una importante merma en los ingresos y por las restricciones impuestas para reducir el déficit público, que condicionan la capacidad de inversión.

Según Carcedo, la incorporación de una sola medida fiscal de las cuatro que IU había planteado en su negociación con el PSOE -incremento de los impuestos de patrimonio y sucesiones, aumento del de la banca y creación de un nuevo tributo por el uso sostenible de montes- pretende adaptar el presupuesto a la realidad socioeconómica de la región.

Así, el proyecto contempla modificar el mínimo exento de la base liquidable del impuesto de patrimonio que pasa de 700.000 a 500.000 euros, lo que permitiría recaudar 8,5 millones más, dado que cualquier decisión tributaria requiere previamente "de un análisis riguroso".

A su juicio, el aumento del impuesto de sucesiones que pedía IU podría generar, según apuntó recientemente el jefe de Ejecutivo, Javier Fernández, competencia fiscal entre las comunidades mientras que aumentar el tributo que se cobra a la banca podría no generar los ingresos estimados por la coalición dado que el actualmente en vigor está recurrido ante los tribunales por el Gobierno central.

En términos similares estima Hacienda la propuesta de gravar el uso de los montes por compañías eléctricas, de telecomunicaciones o mineras (cielo abierto), un tributo que, de habilitarse, podría ser recurrido sin generar los ingresos previstos.

Según Carcedo, el proyecto es "coherente" con el aprobado en 2013 con los votos de IU y UPyD y busca mantener "un equilibrio razonable" entre preservar los servicios públicos básicos e impulsar políticas "de inversión productiva y de empleo"

"Es un presupuesto al que Asturias no puede renunciar, que se vuelca con las necesidades de la mayoría y que es equilibrado y necesario", ha subrayado la consejera antes de manifestar, a preguntas de los periodistas, su sorpresa por la decisión anunciada ayer por UPyD de que rechazará el proyecto en la Junta.

A su juicio, el rechazo de la formación magenta fue "demasiado tajante" dado que todavía no conocía el contenido de un presupuesto que ha emplazado al resto de los grupos a analizar "con rigor" en su tramitación parlamentaria.