José Luis Álvarez, el empresario asturiano que destapó el «caso Pokémon», continúa empeñado en tirar de la manta y sostiene que no va a «callarse nada» de lo que sabe para ayudar a la juez a desvelar los entresijos de la supuesta trama corrupta con epicentro en varios ayuntamientos gallegos y ramificaciones en otras comunidades españolas, entre ellas en Asturias. Álvarez -fundador con el ovetense Jorge Pío Cecchini de la firma que gestiona la grúa de Lugo desde el año 2006 (Cechalva) e imputado junto a sus socios por las supuestas actividades ilegales de la empresa en Galicia- asegura que le ha revelado a la magistrada que instruye el caso las «actividades poco lícitas» que él mismo advirtió en Cechalva cuando la firma tenía la concesión de la grúa en Oviedo, un contrato que mantuvo desde 1996 hasta 2005. José Luis Álvarez prefiere esperar a que la jueza gijonesa Pilar de Lara levante el secreto del sumario para «contar todos los detalles», pero afirma que en Oviedo «hubo irregularidades», en las que él dice no tener «nada que ver», y que la magistrada «ya tiene toda la documentación para poder investigarlo».

La juez de «Pokémon» ha dividido la causa en nueve piezas separadas y señala como la «principal» aquella que tiene que ver con supuestas irregularidades cometidas en relación con el Ayuntamiento de Lugo, entre las que se encuentra «la adjudicación del servicio de grúa a la empresa Cechalva, así como otras serie de actividades supuestamente delictivas cometidas por esta empresa y sus administradores», según recoge su último auto. Como publicó en su día LA NUEVA ESPAÑA, la compañía de los empresarios asturianos pagaba supuestamente 2.000 euros al mes al actual alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco (PSOE) y al ex teniente de alcalde, el también socialista Francisco Fernández Liñares, que habrían utilizado su influencia para otorgarle el contrato a Cechalva. Además, la firma de origen asturiano también contrataba a familiares y a enchufados de políticos y funcionarios municipales lucenses, según las investigaciones. El propio José Luis Álvarez reconoció en su día a través de este diario que Cechalva había logrado la concesión de la grúa en Lugo a cambio de pagarles a los políticos durante el tiempo que durase el contrato. En la pieza en la que están imputados los dos empresarios asturianos se investigan posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos, y revelación de información privilegiada. Hay hasta 17 encausados.

«Todavía no puedo contarlo todo porque el caso está bajo secreto de sumario, pero no sólo se hicieron cosas en Lugo. También hay irregularidades que se cometieron en Oviedo y alguno se va a llevar un susto cuando se levante el secreto y salga a la luz la documentación que tiene la juez. Ya es hora de poner las cartas sobre la mesa y de decir las verdades», insistió José Luis Álvarez, que en su día destapó el «caso Pokémon» al sentirse «engañado» por sus socios y contarle a la magistrada Pilar de Lara parte de las actuaciones de Cechalva en Lugo.

En otra de las piezas separadas del «caso Pokémon» también se investigan las «presuntas actuaciones irregulares» cometidas en Asturias con la supuesta colaboración del ex presidente del Partido Popular de San Martín del Rey Aurelio y ex vicesecretario del PP regional Joaquín Fernández y el ex alcalde popular de Pravia Carlos Guerrero, que según la juez «se habrían concertado para la redacción de informes favorables a sus respectivos intereses» en relación a la concesión de tres contratos ligados al Ayuntamiento de Cangas del Narcea, donde Guerrero desempeña actualmente la función de asesor del equipo de gobierno.