Incoherencias políticas

Por qué lo que se permite a una región se niega a otra

22.01.2014 | 01:52
Incoherencias políticas
Incoherencias políticas

Hay decisiones políticas no ya difíciles de explicar, sino que no tienen explicación posible. ¿Cómo, si no, se entiende que el impuesto a los depósitos bancarios que el Gobierno central rechazó de plano para Asturias, llegando a presentar un recurso de inconstitucionalidad, sea ahora transferido sin problema al País Vasco? ¿Qué razones tiene el Ministerio de Hacienda para proceder de manera tan arbitraria?

Es verdad que el Ejecutivo central anunció hace aproximadamente dos meses que estudiaba transferir el impuesto a la banca a las autonomías dentro de una reforma tributaria más amplia, pero también es cierto que hasta ahora no ha retirado el recurso presentado ante el Constitucional. Y aunque el alto tribunal, tras cumplirse el plazo legal de cinco meses, levantó la suspensión al gravamen asturiano, el Principado no pudo cobrar los treinta millones de euros que había estimado recaudar en 2013 al presentar las entidades financieras avales a la espera del fallo definitivo del TC, decisión que se puede dilatar años.

La situación de este impuesto en España es realmente estrafalaria. Hay dos comunidades, Andalucía y Extremadura, que lo están gestionando con normalidad tras una sentencia del Constitucional. Luego hay otras, caso de Asturias y Cataluña, que están entre dos aguas. Y, ahora, el ministro Cristóbal Montoro dice que sí, que el País Vasco también está capacitado para cobrarlo. Ya no es algo que dependa del Gobierno central, sino del autonómico. Con esta manera de actuar es lógico que las autonomías no sepan nunca a qué atenerse con el máximo responsable de Hacienda.

Son muchas ya las actuaciones de este tipo protagonizadas por Cristóbal Montoro (eso sí, dejando claro que siempre con el visto bueno del presidente Rajoy). Y habitualmente Asturias no suele salir bien parada. Como ejemplo, ahí está lo acaecido con el déficit de las comunidades autónomas. El Principado, que había cumplido escrupulosamente con las directrices del Gobierno central, vio cómo otras regiones, como Cataluña y Valencia, que no lo habían hecho (y, además, por mucho), salían beneficiadas.

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