El Gobierno del Principado ha advertido hoy de que "actuará con todos los resortes a su alcance" en contra de una reforma energética que, en su opinión, atenta gravemente contra los intereses de los ciudadanos y pone en peligro el futuro de la industria asturiana, que es intensiva en el uso de energía.
El portavoz del Gobierno asturiano y consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, ha hecho esta advertencia en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno.
Martínez ha anunciado que el Ejecutivo asturiano ha decidido solicitar al ministro José Manuel Soria que paralice la reforma energética y que busque un pacto de Estado que salve a la industria española y asturiana.
El presidente del Principado, Javier Fernández, ya reclamó el pasado 14 de febrero un pacto por la energía a nivel nacional, necesario si España quiere tener una economía con un peso importante de la industria, a la que la reforma de la tarifa eléctrica perjudica especialmente al incrementar sus costes energéticos.
A su juicio, las modificaciones introducidas por el Gobierno en la tarifa eléctrica inciden en el conjunto de los consumidores, pero "de manera muy directa" en la industria, particularmente en actividades como la siderurgia y la metalurgia que tienen grandes plantas de producción en Asturias.
La reforma también afecta a grandes empresas que tienen grandes instalaciones de cogeneración, como la papelera que ENCE tiene en Navia, o las plantas de ArcelorMittal.
El nuevo mecanismo propuesto por el Gobierno supone vincular el coste del componente energético directamente al mercado mayorista, en lugar de a una subasta trimestral como hasta ahora.
El Gobierno asturiano ha alertado sobre las consecuencias que tendrá para el sector industrial medidas como la reforma de la denominada interrumpibilidad, un sistema por el que, a cambio de desconectarse de la red ante cualquier incidente que pueda poner en peligro la continuidad del suministro eléctrico, las empresas grandes consumidoras de energía perciben una retribución anual.
La rebaja de esta compensación, que perciben empresas de sectores como el siderúrgico, el químico o el metalúrgico, generará, según el Principado, un problema en su cuenta de resultados dado que la electricidad supone hasta el 40 por ciento de sus gastos.
Según Martínez, en las dos últimas semanas la preocupación por esta reforma no ha hecho si no crecer entre empresarios y administración por la repercusión en sus costes o la falta de seguridad regulatoria para productores y distribuidores.
En su opinión, hace falta una visión global de Estado para abordar un problema acumulado "que no se despacha en una sola legislatura".
