La juez del "caso Pokémon", la gijonesa Pilar de Lara, continúa con el punto de mira fijado en Asturias. La magistrada que se encarga de investigar la supuesta trama corrupta -con origen en Galicia y ramificaciones en el Principado- está recabando información sobre un contrato sellado en 2009 por el anterior equipo de Gobierno de Salas, del PSOE, con la empresa Aquagest, un acuerdo que sirvió para que la firma que gestiona el agua de los salenses, una de las implicadas en "Pokémon", prorrogase su relación con el concejo durante diez años cuando aún faltaban cuatro para que se terminase la vinculación. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, los agentes del servicio de Vigilancia Aduanera que operan en Asturias mantienen abierta la investigación y siguen recopilando documentos después de que De Lara admitiese a trámite una denuncia presentada por el actual equipo de Gobierno, de Foro Asturias, que entre otras cosas acusa al anterior alcalde, el socialista José Manuel Menéndez Fernández, de haber cerrado el trato con Aquagest por su propia cuenta y sin que el trámite pasase por el Pleno o por cualquier otro órgano de control municipal.

La prórroga del contrato con Aquagest se firmó el día 17 de noviembre del 2009. La empresa comenzó a operar en Salas en 1993 y su compromiso con el ayuntamiento venía renovándose cada cinco años, pero ese día, a pesar de que el acuerdo aún iba a estar vigente hasta 2013, se amplió por diez años más, es decir, hasta 2023. Según las fuentes consultadas por este diario, el Gobierno municipal, de Foro Asturias, refleja en la denuncia que el contrato lo firmaron el exalcalde, José Manuel Menéndez Fernández, y el por entonces director territorial de Aquagest en Asturias, Henry Laíño, un hombre que fue detenido por orden de la juez de "Pokémon" en abril del año pasado y que está acusado de ser uno de los cabecillas de la red de sobornos y tráfico de influencias.

A raíz del acuerdo, según las fuentes consultadas, Aquagest le entregó al Ayuntamiento de Salas 400.000 euros en concepto de "adelanto", un dinero "que ahora tendrá que devolverse a la empresa". Desde el equipo de Gobierno salense se considera que la firma de la prórroga con Aquagest no supuso ningún beneficio económico para el concejo y que por el contrario, la maniobra gestada por los anteriores dirigentes "sólo trae problemas porque ahora hay que deshacerse de una cantidad de dinero que para Salas es muy importante", según señalaron fuentes ligadas al consistorio. Vigilancia Aduanera sigue solicitando información en el consistorio para aclarar el caso.