Los trabajadores de la constructora SEDES han interpuesto hoy una denuncia ante el juzgado de guardia de Oviedo "contra los particulares y entidades que pudieran ser responsables de las decisiones y operaciones que han llevado a esta empresa pública a la ruina".
La denuncia, que se ha decidido presentar por mayoría de la asamblea de trabajadores, se basa en el testimonio y pruebas de un exconsejero de la entidad a raíz de las operaciones seguidas para la compra de oficinas y locales a Jovellandos XXI.
Según señalan los empleados en un comunicado, el objeto social de SEDES es la construcción y promoción, no la adquisición de edificios como la que efectuó en 2004 a Jovellanos XXI en el complejo de Calatrava, en Oviedo, cuyo coste estimado asciende a más de 57 millones de euros.
La operación incluía el arrendamiento de las oficinas al Gobierno del Principado, pero partía ya de que éste no cubriría todos los costes y que habría un déficit de 1,7 millones de euros el primer año y de más de 20,2 millones en dos décadas.
Según la documentación de los empleados, esta operación nunca fue ratificada por los órganos de gobierno de SEDES.
Asimismo, mantiene que entre otras irregularidades, el consejo de administración no tuvo conocimiento hasta diciembre de 2006 de la propuesta para cambiar terrenos en la Ería por oficinas del Calatrava, entre otras permutas que, según mantienen, se realizaron de forma ilegal, fuera del amparo de los órganos de gobierno de la empresa.
En la denuncia mantienen también que la negociación de los precios en el conjunto de las operaciones no está documentada en ningún sitio ni fueron por lo tanto aprobados, de cara a su formalización, en órgano alguno.
En su opinión, la relación entre dichas operaciones y el "insoportable endeudamiento de SEDES es incontestable" y es la causa de la situación de ruina en la que se encuentra la sociedad.
La denuncia presentada por los trabajadores se ha llevado a cabo cuando ha concluido el periodo de consultas del último expediente de regulación de empleo presentado por la dirección y que ha finalizado sin alcanzar acuerdo.
De los 59 trabajadores de plantilla que aún hay en SEDES, el último ERE plantea el despido de 38 empleados y la regulación temporal de otros seis, con lo que la sociedad podría quedarse ahora con 15 trabajadores.
Los trabajadores, que desde finales de febrero mantienen un encierro en unos locales de la calle Uría de Oviedo, han lamentado en asamblea la "poca o nula voluntad de la dirección por atender a los requerimientos mínimos solicitados por la plantilla y salvaguardar el empleo en la medida de lo posible".
