El Principado hará de intermediario entre propietarios y potenciales inquilinos para poner a disposición de los ciudadanos, "a precio limitado", viviendas privadas en régimen de alquiler y ofreciendo garantías a en cuanto al uso, los desperfectos y los seguros para los dueños de los pisos y también para los arrendatarios. Así figura en el Plan Asturiano de Vivienda que la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, defendió ayer en comisión en la Junta General. Este servicio se desarrollará a través de la empresa pública Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa).
Se trata, dice la responsable del departamento, de "una intermediación que capte viviendas del parque privado que se encuentren vacías para ponerlas a disposición a un precio de alquiler aceptable", explicó Díaz,
Entre otras medidas, el plan recogerá ayudas para el pago del alquiler, de manera que el precio en el mercado libre se asemeje al coste que puede suponer una vivienda pública, así como actuaciones de rehabilitación en viviendas y edificios completos del Principado, además de la construcción de viviendas públicas.
El Gobierno regional debe adaptarse también a los diferentes compromisos que figuran en el acuerdo de concertación social en materia de vivienda. En concreto, la construcción de 150 viviendas destinadas al alquiler en Posada de Llanes, Langreo, Vegadeo y Muros del Nalón. Además, la consejera habló de las 117 viviendas en Vasco-Mayacina, en el concejo de Mieres, una iniciativa quedó paralizada en 2013 por la rescisión del contrato con la empresa encargada de ejecutar la promoción y que deberán retomar. Esther Díaz cifró el parque de viviendas públicas en 9.178 pisos entre los de Vipasa y las del Principado. Según los datos que ofreció la consejera de Bienestar Social, en 2013 se repararon 472 viviendas vacantes, una cifra superior a las rehabilitadas entre 2010 y 2012. De todas estas, el Principado el Gobierno regional adjudicó durante el año pasado 29 por el procedimiento de emergencia y 21 por el de urgencia, explicó Esther Díaz.
