El adjudicatario del contrato por el que se juzga al portavoz de IU en la Junta, Ángel González, gestionó él mismo las tres ofertas necesarias para celebrar el concurso para señalizar las fosas comunes de la Guerra Civil, según declaró ayer en el juicio contra el exviceconsejero de Bienestar Social. Manuel F. M., administrador de New Construction, la beneficiaria del contrato, admitió en el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) que llevó personalmente a la consejería de Bienestar Social en 2010 no solo el presupuesto de su empresa para la colación de los 76 monolitos sino los de las otras dos que optaban al trabajo.
El empresario declaró en calidad de testigo durante la segunda sesión del juicio que se sigue por prevaricación administrativa contra el portavoz de IU en la Junta. La fiscalía solicita siete años de inhabilitación por el posible fraccionamiento ilegal de los contratos menores para la adjudicación del trabajo. También se juzga a Roberto Moro, exsecretario general de la Consejería, al que le pide cinco años de inhabilitación.
"Si la consejería no me llama, yo no voy", afirmó ayer a preguntas del fiscal y ante el presidente del tribunal, Ignacio Vidau, el representante de New Construction, que cifró en un 70% el volumen de su negocio procedente de trabajos con la administración. Explicó que "alguien" que no supo concretar del departamento de Bienestar le comunicó la necesidad de poner en marcha ese contrato y que para ello necesitaban contar con tres ofertas, una tarea que le encomendaron a él y que él mismo ejecutó poniéndose en contacto con otras dos empresas del sector. Su versión la corroboraron ante el juez, también como testigos, los representantes de esas empresas. Reconocieron haber entregado en sobre cerrado sus respectivos presupuestos a Manuel F.M. Uno de los aspirantes admitió que no tenía "ninguna esperanza" de conseguir la adjudicación y que lo había hecho "como un favor", mientras que la mujer que representaba a la tercera empresa sí que declaró haber pensado que "podía tener alguna posibilidad". Los tres señalaron que este procedimiento no es lo habitual en los tratos que mantienen con la administración.
Manuel F. M.. explicó que mantuvo un encuentro con Ángel González en el que le expuso el tipo de trabajos que desarrolla y las posibles maneras de abordar la colocación de los hitos conmemorativos. New Construction resultó elegida al haber presentado la oferta de presupuesto más económico. Su administrador aseguró ayer que conoce los límites de gasto que se marcan para los contratos menores: 18.000 euros para los de suministro y 50.000 en caso de obras. Reconoció haber llevado las tres propuestas a la consejería, aunque no pudo precisar dónde y a quién las entregó.
La segunda jornada del juicio se prolongó durante seis horas. A los once testigos se añadieron los tres careos que solicitaron las defensas de Ángel González y Roberto Moro, primero entre dos funcionarios de la consejería de Bienestar Social, Mónica M. A. y Enrique B. L., y después entre cada uno de ellos y Moro, que había sido secretario general técnico y superior de ambos.
Mónica M., exjefa de servicio en Bienestar Social, reiteró ante el juez que había advertido a Ángel González que "no se podía" hacer, como él pretendía, un contrato menor de obras, figura a la que podría adaptarse según el político al no superar los 50.000 euros. El presidente de la Sala, Ignacio Vidau, pidió a la funcionaria que detallase su conversación con el entonces viceconsejero. "Le dije: no, Ángel, así no se puede hacer. No encaja en una obra, es un suministro y habría que hacerlo en tres veces -ante el límite de 18.000 euros-, pero sería fraccionamiento". La funcionaria refirió en su versión una conversación posterior con su superior Roberto Moro, que le indicó que se haría como suministro y en tres veces, en función de áreas geográficas para la colocación de las piedras. "Ahí le perdí la pista al asunto", dijo. En el careo, Moro rechazo la exposición de su subordinada.
El expediente quedó entonces en manos de Enrique B. L, que lo ejecutó a través de tres contratos menores y que, por "error" suyo, como admitió, pasó a ser de 81 monolitos en lugar de 76. Este funcionario afirmó que Moro le había indicado la procedencia de convertir el trabajo en tres contratos. Aseguró haber encontrado un día sobre su mesa las ofertas presentadas pero que sólo pudo averiguar que procedían del viceconsejero, dijo el empleado público, que se llevó reprimendas de la fiscalía y las partes por las variaciones en su testimonio respecto a la fase de instrucción.
El día anterior, Ángel González había culpado de la posible irregularidad a Mónica M. A. y a Enrique B. L., además de no responder a las preguntas del fiscal. La tercera sesión de la vista será el 2 de abril para la exposición de las conclusiones de las partes.
