"Los delitos de corrupción están pidiendo cárcel a gritos; frente a esa delincuencia movida por la ambición y no por la necesidad, debe haber una respuesta judicial". Con esa contundencia se dirigió ayer Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado emérito del Tribunal Supremo, a los 43 nuevos titulados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, correspondientes al curso 2012-2013, que como es tradición, recibieron sus diplomas en el marco del acto académico de celebración de la festividad de San Raimundo de Peñafort, patrono de su centro, presidido por el rector, Vicente Gotor.

La disertación de Andrés Ibáñez, titulada "Jurisdicción y democracia en el Estado constitucional" estuvo aderezada con referencias a las teorías de Montesquieu y Tocqueville. Y versó de temas tan diversos como los avatares judiciales del exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi o el saqueo de Marbella durante los gobiernos municipales de Jesús Gil y Gil. Una crítica que logró mantener la atención de la nutrida audiencia, congregada en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad.

Además de realizar un repaso de la evolución del papel de los jueces en diferentes etapas de la Historia, Andrés Ibáñez defendió el modelo de Estado Constitucional de Derecho como el mejor de todos los conocidos. A pesar de ello, incidió en que la democracia en España tiene hoy un grave problema "porque se queda a las puertas de los partidos".

"Las estructuras de esas organizaciones políticas no se adecúan a la democracia y eso se une al enorme poder económico de un estado que gestiona cuantiosos recursos con capacidad de generar grandes expectativas de negocio", indicó. El jurista, conocido en el ámbito académico por sus aportes en la construcción de una nueva concepción del Estado, del poder y de los Derechos Humanos en un sistema democrático, aseguró que "no puede haber democracia sin derechos fundamentales".

También animó a los juristas a no cerrar los ojos ante la corrupción. "Este mal emerge hasta el extremo de que se ha apoderado de nuestras democracias", indicó. Aunque precisó que las medidas para luchar abiertamente contra estas prácticas no pueden recaer exclusivamente sobre los jueces. Y para ello puso como ejemplo el caso Rumasa. "Cuando alguien dijo "esto lo resuelve un juez", me dio la risa. Y, de hecho, vimos cómo nació una segunda Rumasa", explicó.

Como dato, aportó que los juzgados españoles suman 1.600 casos de corrupción política, de los que 300 son "maxiprocesos". "Si fuesen tos ferina, provocarían una alerta sanitaria en el país", añadió con ironía. Andrés Ibáñez se detuvo también en analizar el proceso que se encuentra detrás de que el poder democrático "enloquezca" hasta el punto de que 300 diputados italianos dieron por buena, en su día, las argumentaciones de Berlusconi relacionadas con lo que, posteriormente, se conoció como caso "Rubi". Por eso, el jurista llega a la conclusión de que el máximo órgano de la soberanía popular puede llegar a equivocarse. En su opinión, ver sentado en un banquillo al empresario y exmandatario italiano para ser juzgado por tras magistradas de prestigio supuso una "auténtica lección de constitucionalismo".

A juicio del magistrado, que en 2011 presentó un escrito que le permitió abstenerse de formar parte del tribunal encargado de juzgar al juez Baltasar Garzón por la causa de las escuchas a los cabecillas del caso Gürtel, la política no se implica suficientemente contra la corrupción y, más bien, "convive con ella". Y destacó que la jurisdicción es siempre una expresión de poder. "El juez quita y da la razón. Por eso, se tiene de él una imagen de arrogancia", comentó.

Por su parte, Benjamín Ribaya, decano de la Facultad de Derecho, demostró una vez más ante sus ex alumnos su pasión cinéfila al poner varios ejemplos de películas en las que el juez se erige en defensor de los derechos de sus coetáneos; a veces, contra lo que piensa la mayoría.

El profesor, que citó "la valentía, la honestidad y la prudencia" como cualidades básicas en un jurista, tuvo una mención especial para Eduardo Serrano, catedrático de Derecho Civil, y Amparo Fernández Miranda, administradora de la Facultad, recientemente jubilados. Además, recordó a Cima García, primer secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y profesor de Derecho Procesal, fallecido el pasado mes de marzo a los 84 años de edad.

Tras la recogida de diplomas por parte de los egresados, cerró el acto el rector. Vicente Gotor felicitó a los nuevos juristas y a sus familias y les animó a profundizar en el estudio de los idiomas y a no abondonar nunca su formación.