El proyecto del Gobierno asturiano sobre la ley de transparencia va un paso más allá que la legislación estatal en la obligación de dar una respuesta a las peticiones que formulen los ciudadanos. Una de las quejas de la asociación de Transparencia Internacional España, que preside el catedrático Jesús Lizcano, sobre la normativa estatal, aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, era el establecimiento de un régimen de silencio administrativo negativo, que "respeta muy poco el derecho de los ciudadanos a tener una respuesta explícita por parte de la Administración". En la norma estatal se contempla que si pasado un mes los ciudadanos no obtienen respuesta supondrá la denegación de su petición, sin que medie mayor explicación.
El proyecto de la ley asturiana de transparencia establece en su artículo 29 que la resolución que ponga fin a un procedimiento de petición de información "se formalizará por escrito y se notificará a la persona solicitante y, en su caso, al tercero afectado". También añade ese mismo artículo que "la resolución denegatoria deberá ser motivada", un texto que pone coto a la aplicación del silencio administrativo negativo en las peticiones de información al Principado. Además, en el caso de dictarse una resolución de inadmisión de la solicitud, "ésta deberá ser debidamente motivada y notificada al solicitante en el plazo máximo de quince días".
