El pleno de la Junta General ha rechazado hoy, con los votos de PSOE, Foro, IU y UPyD, la enmienda de totalidad del PP a la reforma de la ley de Función Pública, un texto que acomete los primeros pasos para modernizar la administración autonómica, según la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo.

Para Carcedo, el texto permitirá acotar el sistema de libre designación "sometida siempre al confusionismo interesado y a la fácil demagogia" y que en los últimos años ha estado "extremadamente judicializada" tras las sucesivas sentencias de los tribunales que anulaban los nombramientos por esta vía.

Actualmente, ha recordado la consejera, el Principado dispone de 417 puestos cubiertos por este procedimiento que la ley reducirá a 157 -el 0,78 por ciento del total de puestos de trabajo de la administración autonómica- después de que hasta ahora los 180 jefes de servicio existentes se cubrieran "siempre" por dicho sistema.

De esta forma, el sistema de libre designación se circunscribirá a los puestos de secretaría de despacho y conductores de consejeros y viceconsejeros así como de puestos de directivos y directores de centros y establecimientos públicos que determine la Relación de Puestos de Trabajo en función de las características del puesto.

La nueva ley elimina además la obligatoriedad de que viceconsejeros o directores generales sean funcionarios -una exigencia que obligaba a motivar el nombramiento en caso de que no lo fuera y que dio lugar también a sentencias en contra en los tribunales- y crea la figura del personal directivo con un máximo de 72 cargos de este tipo que se cubrirán por libre designación.

Según la consejera, la creación de esta nueva figura no supondrá un incremento del gasto público y establecerá "una separación nítida entre los puestos de ámbito político y los que deben integrar la carrera administrativa" dado que la designación de directivos profesionales deberán recaer siempre en empleados públicos.

Para el portavoz del PP, Luis Venta, el Gobierno ha optado por regular esta materia "obligado por los tribunales" con una iniciativa que supone "legislar de espaldas a los ciudadanos y de cara al Gobierno" dado que pretende crear setenta y dos puestos de trabajo "con sueldo millonario".

Según Venta, que ha cifrado en cuatro millones de euros anuales la puesta en marcha de este nuevo sistema, el modelo que prevé la ley supone "que ladrones con varias condenas se conviertan en policías y dieran lecciones a todos con sus casas llenas de objetos robados".

"En Asturias regalan puestos de directivos a dedo y en Andalucía regalan pisos a camaradas", ha subrayado Venta ante el respaldo con que tendrá la ley desde IU y UPyD lo que ha llevado a la diputada del PSOE Marina Pineda a calificar su intervención de barriobajera.

Para la diputada de Foro Teresa Alonso, Asturias necesita una nueva ley de función pública, lo que llevaría a su grupo a rechazar la enmienda de totalidad del PP y a intentar cambiar mediante modificaciones parciales un texto que, a su juicio, "profundiza en la politización" de la administración autonómica.

Alonso ha emplazado al Gobierno a hacer "un ejercicio de diálogo y de rectificación" en el debate de las enmiendas parciales para cambiar aspectos de la ley como la creación del denominado personal directivo dado que el Ejecutivo "no puede olvidar la trayectoria" de anteriores gabinetes socialistas que recibieron "múltiples varapalos judiciales" en el ámbito de la función pública.

Por su parte, el portavoz de IU, Ángel González, tras lamentar que el Gobierno regional no haya planteado una reforma en este ámbito "como debe ser", ha acusado al PP de intentar cuestionar "la legitimidad de la democracia y de la política" que, ha advertido, consiste en que gobierne quienes decidan los ciudadanos.

González ha defendido que los directores generales "son cargos de confianza y de responsabilidad política" que no tienen por qué ser funcionarios y ha acusado al PP de plantear en Asturias "lo que no se atreve en otros sitios", a la vez que ha advertido a los populares de que, con esta iniciativa, no conseguirían evitar "la foto de hoy" en alusión a su acuerdo con el PSOE sobre las leyes de crédito.

Para el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, el texto mejora la situación de la función aunque deba enmarcarse en una reforma más amplia y supone "un paso en la buena dirección" para regular el sistema de libre designación "que se había convertido en norma en vez de excepción" y ha lamentado que el PP, ante su falta de argumentos, hubiera optado por recurrir a la demagogia.