Los sindicatos y los partidos políticos del Parlamento asturiano, salvo Foro, se mostraron ayer receptivos a la existencia de una ley regional de transparencia que introduzca mayor claridad sobre los recursos públicos que reciben en concepto de subvenciones por parte del Principado. Los partidos valoraron favorablemente que los ciudadanos tengan mayor conocimiento acerca del destino de los dineros públicos si bien el PP, IU y UPyD aseguraron desconocer el contenido del proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo de Javier Fernández, que llegará en breve a la Cámara autonómica.
La ley regional de transparencia obliga a partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales a informar del destino que dan a las subvenciones por encima de los 50.000 euros que reciben del Principado. Tanto los sindicatos como los partidos encajaron la medida con buenos propósitos, salvo Foro, que eludió pronunciarse. "La ley es oportuna y viene a dar un paso más en la pretensión del Gobierno de Asturias de trasladar a las instituciones el máximo de transparencia", valoró el Grupo Socialista, partidario de "la claridad y la transparencia máximas" en "el uso que se hace de los recursos económicos y de los dineros que se ponen al servicio del funcionamiento de las instituciones".
La tramitación parlamentaria deberá definir si las subvenciones que reciben los grupos políticos quedan sujetas a la nueva ley regional de transparencia. Diversas fuentes parlamentarias sostenían ayer que, en principio, la Junta General tiene autonomía sobre los recursos que recibe de los presupuestos del Principado y que, por lo tanto, la decisión de que los partidos hagan público el destino que dan a las asignaciones no puede emanar del Ejecutivo regional sino, en todo caso, del conjunto del Parlamento, del que depende la función legislativa.
El PP asturiano, pese a no conocer con detalle el proyecto de ley, calificó de "medida imprescindible" que exista la máxima transparencia sobre los recursos públicos que llegan a los partidos políticos. "Seguramente sea una asignatura pendiente que hay que aprobar con nota", manifestó la presidenta de los populares asturianos, Mercedes Fernández, quien recordó que su grupo parlamentario ya defendió el pasado año, sin éxito, que la Sindicatura entrase a fiscalizar las cuentas de los partidos con representación en el Parlamento autonómico. La propuesta del PP no prosperó con el argumento de que la Sindicatura es un órgano asesor de la Junta General del Principado.
IU tampoco dispone aún del proyecto de ley del Ejecutivo socialista, por lo que su primer análisis, provisional y genérico, se ciñe a los contenidos del borrador publicado meses atrás en la página web del Principado. "Tenemos el ánimo de proponer mejoras", avanzó el portavoz de la coalición, Ángel González. La publicación de las dietas y los gastos de desplazamiento de los miembros del Gobierno, la difusión de los gastos de publicidad que realiza la Administración regional y la divulgación de todas las subvenciones nominativas en el portal de transparencia son algunas de las iniciativas que planteará la coalición durante la tramitación parlamentaria. González añadió que su partido "no tiene ningún inconveniente" en que la información que ya es fiscalizada por el Tribunal de Cuentas todos los años "sea comunicada al Gobierno de Asturias".
El portavoz de UPyD, Ignacio Prendes, quiere ver cómo se refleja en el texto de la ley el compromiso con la transparencia. "Los partidos políticos tenemos que dar ejemplo, más que nadie. Tenemos una responsabilidad pública con la transparencia total", sostuvo el parlamentario magenta, para el que el acceso de los ciudadanos a la información "debe tener carácter de derecho fundamental que, por ejemplo, se ha negado en la ley estatal. Debe ser un principio básico de los ciudadanos. Esperamos que los vericuetos administrativos no cercenen ese derecho", concluyó Prendes, quien también está a la espera de conocer el contenido del proyecto legislativo elaborado por el Gobierno de Javier Fernández. Foro eludió ayer pronunciarse sobre la ley de transparencia. Sí lo hicieron los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO. "Me parece bien que haya transparencia sobre las cuentas y los recursos públicos", afirmó el secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga. "Todos los programas de UGT están superauditados y todo está justificado y sin ninguna duda de sospecha", añadió el dirigente sindical. "Es perfectamente entendible y bueno para el sistema que haya trasparencia", concluyó Rodríguez Braga. Su homónimo de CC OO, Antonio Pino, indicó que su sindicato ya votó a favor del dictamen de esta ley en el Consejo Económico y Social (CES). "Siempre hemos reivindicado una ley de participación institucional para que defina el ámbito en el que nos movemos", dijo.
