El Gobierno del Principado ha acordado retirar una de las tres leyes de crédito extraordinario que se están tramitando en la Junta General del Principado por un importe global de 343 millones de euros y que, en opinión de Foro, IU y UPyD están plagadas de ilegalidades.

En concreto, el Gobierno ha anunciado que va a retirar la ley en la que solicitaba un endeudamiento de 76 millones de euros para la amortización de deuda, mientras que continuará con la que pide 157 millones para pagar a proveedores y la de 109 millones para atender gasto social e inversiones, leyes que quedarán definitivamente aprobadas este viernes con el voto del PSOE y el PP.

La ponencia parlamentaria encargada de tramitar las tres leyes se reunió hoy antes de que lo hiciera la Comisión de Hacienda e informó favorablemente sobre las dos que no han sido retiradas por el Gobierno, con el voto en contra de Foro, IU y UPyD, que a su vez decidieron retirar las enmiendas parciales que habían presentado.

Según el socialista José María Pérez, continúa así la tramitación de las dos leyes más importantes mientras que el Gobierno deberá rehacer la destinada a amortizar deuda teniendo en cuenta las cuestiones técnicas apuntadas por los informes de técnica legislativa, como el cambio de denominación ya que no puede ser considerada como una ley de suplemento de crédito, sino de ampliación.

"El Gobierno ha hecho los deberes. Otra cosa es que la oposición use el veto de la no incorporación de los informes de técnica legislativa para frenar los proyectos de crédito", ha subrayado tras asegurar que los letrados de la Cámara habían planteado opciones técnicas para que no se tuviese que tramitar de nuevo esa ley, pero que algunos grupos de oposición no lo han aceptado.

El portavoz socialista en la Junta, Fernando Lastra, también ha incidido en que con la tramitación de nuevo de esta ley el Gobierno evitará cualquier tipo de duda respecto a su legalidad, algo que, en su opinión, ha quedado totalmente aclarado en los dos créditos que se aprobarán el viernes.

En términos similares se ha expresado la portavoz popular, Mercedes Fernández, que ha afirmado que el PP no hubiese apoyado esas dos leyes si hubiese habido una observación de ilegalidad por parte de los servicios jurídicos.

Tras afirmar que el PP va a apoyar las dos leyes de crédito para que Asturias no se pare, ha incidido en que en la reunión de la ponencia no ha habido ninguna advertencia de ilegalidad.

No obstante, el portavoz de IU, Ángel González, ha señalado que "cada día que pasa se llega más cerca del absurdo" y que aunque desde el PSOE o el PP se pueda hablar de irregularidades, lo cierto es que "el Gobierno hizo unas leyes ilegales que van en contra de las vigentes".

"El PSOE y el PP tienen mayoría para aprobarlas y quieren aplicar el rodillo", ha subrayado González que ha incidido en que la ley vigente dice que la ampliación de crédito no puede considerarse como un suplemento de crédito y que el Ejecutivo ha hecho una ley para pagar 157 millones a proveedores a los que ya pagó en enero.

Para la portavoz de Foro, Cristina Coto, no tiene sentido que el Gobierno retire sólo un proyecto de ley cuando los otros dos están afectados por las mismas ilegalidades.

En su opinión, socialistas y populares "desprecian a la Junta y a sus servicios jurídicos al no tener en cuenta sus informes y aplicar un rodillo parlamentario" con el que el Gobierno va poder contar con un presupuesto "con el que pagar los despilfarros anteriores".

El diputado de UPyD, Ignacio Prendes, ha asegurado que los informes de técnica legislativa "eran muy contundentes sobre la ilegalidad de los tres proyectos", pero que aún así se ha continuado con la tramitación de dos "afectados por el mismo vicio" gracias a esa "nueva mayoría política" de socialistas y populares.