La jornada de ayer en el juicio con jurado al ex alcalde de Cudillero, Francisco González, Kiko, y a la ex concejala Verena Prendes, por supuestas exacciones ilegales, estuvo dedicada en su mayor parte a la declaración de los hosteleros que depositaron el dinero en el Ayuntamiento para pagar la vigilancia de los agentes de Policía Local. Los dueños de los chiringuitos dejaron poco margen a la duda, aunque hay tener en cuenta que parte de ellos son acusación particular. "Tuvimos una reunión con el Alcalde y nos dijo que había que pagar porque había desperfectos. Yo no estaba de acuerdo, pero nos dijo que era lo que había. 'Kiko' nos dejó caer que no nos permitiría montar los chiringuitos", dijo Daniel T. E.

El desembolso, "más de 300.000 pesetas", se lo comunicó, añadió, el propio alcalde cudillerense. "Hubo una vez que los policías nos dijeron que querían más dinero, pero les dije que hablaran con su jefe", añadió. Las defensas de González y Prendes quisieron aclarar por qué había tardado tanto en denunciar. "No denuncié porque me interesaba tener el chiringuito allí. Yo ya sabía que no era muy normal. No nos daban recibos, y luego uno a mano alzada, sin sello del ayuntamiento", aseguró.

La necesidad de la vigilancia, que González justificó por la ley de Espectáculos del Principado, fue una serie de desperfectos que se produjeron en el exterior del recinto de los chiringuitos, pero que el alcalde atribuía a las personas que acudían a esa zona de ocio en las noches de verano. Los gamberros rompían los cristales de la oficina de turismo, arrancaban papeleras, quemaban la bandera de Euskadi o robaban la catalana.

Otro hostelero, Benjamín V. F., abundó en lo mismo. "Desde el principio no me parecía muy legal pagar a la Policía. A raíz del problema que tuvo el sargento de la Policía Local, en 2011, fue cuando me enteré que los pagos no eran legales", declaró. "No estábamos de acuerdo porque no creíamos que fuésemos responsables. Ya pagábamos seguridad. Y él (González) decía que si no había Policía, no podía haber chiringuitos. Y después estaba el problema de que los policías siempre querían más", añadió. Luego resumió la que a su entender era la situación en Cudillero: "El alcalde tenía el poder y podía tomar represalias". Cuando la cosa empezó a bajar, le pidieron al Alcalde que les cobrase menos. "Nos respondió que pagásemos 6.000 euros para formar un fondo y reponer las papeleras y demás daños", aseguró el mismo hostelero. En otra ocasión le llevaron el dinero directamente al sargento Prudencio Iván Flórez, que se acababa de hacer cargo de la Policía. "Dijo que no tenía por qué coger ese dinero, y se quedó extrañado de que fuésemos a pagar", señaló.

Otro hostelero, José Antonio I. M., explicó el motivo de los pagos. "Pensaba que había que hacer lo que mandaba el alcalde. Si no, no podía trabajar. Pensaba que aquello era caciquismo. Jesús Álvarez, otro hostelero, apuntó por su parte a Verena Prendes. "Me dijo: 'O pagáis o el viernes no abrís'. Aquello no fue un acuerdo, fue una imposición. Para abrir el chiringuito, había que pagar a la Policía. No denuncié porque me interesaba ganar dinero. Cuando el Alcalde denunció al sargento por exigir dinero a la Comisión de Festejos, fue cuando me di cuenta de que se había cometido una injusticia con nosotros", relató.

Hubo declaraciones más favorables a los acusados. José Manuel V. G., que también llevó un chiringuito, dijo que nunca se había sentido amenazado por el alcalde, y que aunque no le gustaba tener que pagar por seguridad, lo cierto es que los destrozos se estaban produciendo.

Denuncia falsa

Aquilino García, ex presidente de la comisión de festejos e imputado por denuncia falsa tras acusar al sargento de la Policía Local de pedirle dinero (hechos por los que Flórez fue absuelto en la Audiencia), negó que el alcalde González le hubiese pedido dinero para la vigilancia.

La ex edil Isabel Riesgo aseguró que el alcalde había informado en la comisión de Gobierno del supuesto acuerdo entre hosteleros y Policía, aunque nunca figuró en las actas. La secretaria municipal Alicia González y su sustituto, Celso Valdeón, negaron tener conocimiento del acuerdo para pagar la vigilancia y que se les hubiese solicitado un dictamen sobre su legalidad.