Las declaraciones de los testigos planteados por la defensa protagonizaron la cuarta sesión del juicio con jurado que se celebra desde el lunes en la sección tercera de la Audiencia contra Francisco González, ex alcalde de Cudillero y ex diputado de la Junta General del Principado, y Verena Prendes, ex concejala de la localidad, por un supuesto delito continuado de exacciones ilegales. La funcionaria que ocupó el puesto de interventora de este Ayuntamiento entre julio de 2007 y junio de 2008, época en la que los acusados estaban en la Corporación, negó conocer la existencia de un acuerdo entre los hosteleros del pueblo y la Policía Municipal para que ésta realizara los servicios de vigilancia nocturna en los chiringuitos que se instalaban durante el verano en el puerto de Cudillero. "Nunca tuve conocimiento de ese acuerdo por nadie, pero si lo hubiera sabido habría hablado con el alcalde. Ese tipo de movimientos son raros. No permitiría que existiera ese traspaso de dinero dentro de la tesorería del Ayuntamiento. Si no está fiscalizado, no es legal", aseguró I. G.

La funcionaria, una de las pocas trabajadoras del municipio pixueto que accedieron al puesto por oposición de todos los que han pasado estos días por la Sala, explicó que "el Ayuntamiento no puede cobrar un dinero que provenga de un acuerdo verbal entre las partes; todos los pagos tienen que estar regulados por una tasa". Aunque la testigo, licenciada en Derecho, afirmó que sólo conocía los hechos por "la prensa", ante las preguntas del fiscal, Alejandro Cabaleiro, fue describiendo cómo tendrían que ser estos pagos para entrar dentro de la norma. Estas explicaciones provocaron la protesta por parte de la defensa de González, ejercida por el abogado Alberto Rodríguez-Mourullo, que argumentó que más que un interrogatorio a una testigo era "una prueba pericial". Con este testimonio quedan en entredicho las declaraciones realizadas en la jornada del miércoles por la tesorera del Ayuntamiento de Cudillero, M. Antonia Álvarez, que afirmó que la interventora fue la que le ordenó en 2007 seguir recibiendo en tesorería el dinero de los hosteleros para entregárselo después al jefe de la Policía, Juan Castañeda.

Además de una auxiliar de Policía, que aseguró que veía este servicio como "un favor a los propietarios de los chiringuitos", varios concejales y trabajadores del Ayuntamiento afirmaron que el acuerdo entre Policía y hosteleros era "vox populi" en Cudillero.